Andalucía recurre los Presupuestos y reclama 174 millones de euros
La Junta de Andalucía, que todavía no ha alcanzado con el Gobierno un acuerdo sobre la liquidación del anterior modelo de financiación autonómica, dio ayer un nuevo paso ante los tribunales y anunció la interposición de dos nuevos recursos de inconstitucionalidad contra los Presupuestos Generales de 2003 y la Ley de Acompañamiento. Aunque el Ejecutivo de Manuel Chaves ya ha aceptado el actual sistema y está dispuesto a retirar los recursos presentados en otros ejercicios, mantiene su política de defender su posición por la vía contenciosa hasta que el Gobierno se preste a cerrar un acuerdo que tenga en cuenta que la Junta está ganando la batalla judicial. Así, la Audiencia Nacional le dio la razón a la Junta sobre el recurso presentado contra los Presupuestos de 1997 y se esperan resoluciones en este sentido sobre otros Presupuestos.
En concreto, según explicó ayer el portavoz del Gobierno, Enrique Cervera, los recursos referidos a las cuentas públicas de 2003 cuestionan el artículo 76, que regula las entregas a cuenta del Fondo de Suficiencia, y el 78, relativo a la aplicación del Fondo de Garantía del anterior sistema de financiación, vigente de 1997 a 2001. Entiende la Junta en este último apartado que se vulneran los principios constitucionales de solidaridad, seguridad jurídica, legalidad y publicidad de las normas. Y sobre el primer artículo, la Junta sostiene que se ha incurrido en un cálculo 'incorrecto' de los ingresos tributarios del Estado para las entregas a cuenta del Fondo de Suficiencia, lo que se traduce en una merma para la comunidad estimada por la Junta en 173,8 millones de euros.
Por otra parte, el Consejo de Gobierno de la Junta acordó también ayer interponer otro recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Acompañamiento de 2003 por 'limitar' la capacidad de autogobierno en materias de ordenación y protección del litoral, financiación de la asistencia sanitaria y gestión de tributos.
La Junta de Andalucía denuncia en este sentido modificaciones del sistema de financiación autonómica introducidas 'unilateralmente' por el Gobierno central sin contar con el acuerdo de las comunidades autónomas, tal y como exige la doctrina del Tribunal Constitucional.
Según indicó Enrique Cervera, estos cambios alteran sustancialmente lo acordado en 2001 entre el Estado y las comunidades en cuanto a financiación de la asistencia sanitaria y gestión de tributos en los ámbitos de la administración de Justicia y de la autorización de rifas y apuestas.