La defensa de De la Rosa considera prescritos los delitos en el segundo juicio del §caso Kio§
Las defensas de los imputados por las operaciones ICSA-Inpacsa y Croesus, entre los que se encuentra Javier de la Rosa, han sostenido hoy, en el primer día de juicio oral de esta pieza separada del caso Torras, que los delitos que se les imputan han prescrito. Todas coincidieron asimismo en que Torras no está legitimado para personarse como acusación particular, puesto que no fue directamente perjudicado por la operación.
La Audiencia Nacional investiga la desaparición de unos 46,87 millones de plusvalías obtenidas por la venta de la papelera ICSA, en 1988, a la irlandesa Smurfit, después de que hubiera sido propiedad de Inpacsa, vinculada a Torras, y de la sociedad instrumental gibraltareña Croesus. También se incluye la operación por la que se desviaron a Suiza unos 18,03 millones a través de Croesus y de otras sociedades instrumentales. El fiscal solicita para De la Rosa nueve años de cárcel por Croesus y otros 17 por Icsa-Inpacsa. En total, 28 años de prisión.
Mañana continuará el juicio con el planteamiento de las cuestiones previas de las defensas de tres de los diez imputados que aún no han tomado la palabra.
'Administración desleal, no apropiación'
En la primera sesión del juicio, dedicada al planteamiento de las cuestiones previas, la defensa de De la Rosa ha recordado que la decisión de vender ICSA a Croesus, por 7,21 millones tuvo lugar en junio de 1988. En cambio, la imputación formal del financiero no se formuló hasta febrero de 1994, siempre según la defensa, con lo que pasaron más de los cinco años en los que prescribe la apropiación indebida de la que se acusa. La defensa cree que, en todo caso, se le podría acusar de administración desleal, pero no de apropiación indebida, ya que no existe lesión de la propiedad, sino una venta por un precio inferior al valor de mercado.
Los abogados se alinean
Las defensas del que fuera asesor jurídico de Torras, Juan José Folchi, y del ex consejero delegado del grupo, Jorge de Jorge Núñez, ambos miembros del consejo de Inpacsa, también defendieron la prescripción de los delitos por los que el fiscal reclama 7 y 11 años de cárcel. La defensa del ex director financiero del Grupo Miguel Sole, para el que se piden un año y dos meses de cárcel por apropiación indebida y falsedad, alegó que no se respetó su derecho a tener un proceso con plenas garantías, además de reclamar la prescripción de los delitos y la falta de legitimidad de la acusación particular. Las defensas del ex vocal del Consejo de Torras y ex consejero de Inpacsa, Manuel Guasch, del ex consejero del grupo José María Sot, y del presidente de Smurfit, Michael Smurfit, fueron en la misma línea. Respecto de la operación Croesus, todas las defensas que tomaron hoy la palabra coincidieron en que los hechos que pudieron ser constitutivos de delito ya han prescrito.