Lo público no sólo gusta a Telefónica

BT, Auna, Colt y Deutsche Telekom entran en el negocio de la Administración, que sumó 1.068 millones en 2001

Telefónica tendrá que repartir con sus competidores el mercado de las comunicaciones en la Administración pública, un negocio de más de 1.000 millones anuales que debería estar liberalizado en 2006. En lo que va de año sólo se ha licitado un 10%, según datos de la Asociación de Empresas de Operadoras y de Servicios de Telecomunicaciones (Astel). Pero de los contratos ya adjudicados por parte de diversos organismos públicos muchos han ido a parar a otros operadores que no son Telefónica.

El gasto en telecomunicaciones de la Administración en 2001 ascendió a 1.068 millones de euros, según el Informe Reina sobre Recursos Informáticos de la Administración Pública. De ello, 226 millones parten de la Administración General del Estado, 479 millones de las comunidades autónomas y 363 millones de los ayuntamientos.

A punto de salir del horno está un contrato por 86 millones de euros con el Ministerio de Defensa, el mayor presentado hasta el momento. Se trata de suministrarle servicios de telecomunicaciones durante tres años y por él pugnarán, además de Telefónica, la española Auna o el operador británico BT.

Del total del gasto público en comunicaciones, la Administración central se lleva el 21,16%, las autonomías un 44,8% y el 33,9% los ayuntamientos

El Grupo Auna apuesta por el sector público como demuestra el que haya comenzado 2003 creando una unidad de negocio, Auna Grandes Clientes, bajo la dirección de Antonio Rodríguez Roldán. 'Esta unidad comercializará soluciones fijas y móviles que irán dirigidas a las Administraciones central y autonómicas y a las 1.000 mayores empresas en España, donde pensamos alcanzar una cuota del 16% en 2007', asegura.

El objetivo del segundo operador español es actuar como una consultora y ofrecer tanto telefonía fija, a través de su antigua Retevisión, como móvil, mediante Amena. Actualmente, cuenta entre sus clientes con las Juntas de Andalucía y Extremadura, así como el Ministerio de Sanidad y algunos servicios del de Ciencia y Tecnología, de Trabajo y del Ayuntamiento de Madrid.

Por su parte, BT es otro de los operadores que está compitiendo en el sector público español. Lo hace a través de su filial BT Ignite España, que en el ejercicio fiscal de 2002 obtuvo el 10% de los 186 millones de euros que facturó gracias a contratos con la Administración. El último de ellos ha sido la adjudicación de las comunicaciones de datos y telefonía fija del Ministerio de Administraciones Públicas por cuatro años, lo que le reportará unos ingresos de 20 millones de euros.

Además, BT presta servicios al Inem, a la Agencia Tributaria, al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a la Dirección General de Tráfico, al Congreso de los Diputados, a la Comunidad de Madrid, al Gobierno de Navarra y a la diputación de Alicante.

'BT puede aplicar la experiencia adquirida en el Reino Unido, uno de los países más avanzados en el aprovechamiento de las nuevas tecnologías y pionera en áreas como la administración electrónica', asegura Luis Álvarez Satorre, vicepresidente de BT Ignite para el sur de Europa y director general de BT en España. 'Estamos muy interesados en trabajar con la Administración pública, entre otras cosas, porque aporta un importante prestigio que sirve como garantía ante los grandes clientes del sector privado', añade. El objetivo de BT es seguir participando en la liberalización del sector público español y que en tres años represente más de una cuarta parte de sus ingresos.

También el grupo británico Colt Telecom, especializado en grandes cuentas, quiere crecer fuertemente en ese segmento en los próximos dos años, tras las recientes adjudicaciones del Banco de España, la CNMV, la CMT, parte de los servicios del Ministerio de Ciencia y Tecnología y del Ayuntamiento de Madrid. 'Hasta 2002, la Administración ha estado en manos de Telefónica y ahora ha empezado a abrirse. Nuestra intención es estar en los concursos con propuestas individuales o con otras operadoras', explica Ángel Rojo, director general de Colt para España y Portugal. De hecho, recientemente ha ido de la mano de Vodafone en alguno de ellos.

Además de estos operadores, el alemán Deutsche Telekom ha anunciado que empezará a competir por los contratos de telecomunicaciones públicos en España, a través de su filial T-Systems, que registró una facturación de 162 millones de euros el pasado ejercicio fiscal. La compañía obtuvo el pasado mes de julio las licencias Autorización General tipo C y A1 para el despliegue de su red de transmisión de voz y datos. Ha comenzado a comercializar servicios de conexión a empresas con presencia internacional (como la delegación en España de DaimlerChrysler) a través de dos nodos situados en Madrid y Barcelona. æpermil;stos conectan España con la plataforma internacional Telekom Global Net, una red que une 90 centros de negocios internacionales de más de 40 países.

A los dos nodos que acaban de entrar en funcionamiento se unirán próximamente las principales capitales de provincias españolas. 'No se trata de quitar cuota de mercado a otros, sino de ofrecer productos de máxima calidad a precios competitivos que les permitan mejorar sus comunicaciones internas y externas y fortalecer su posición en el mercado', expone Antoni Serra, director general de T-Systems.

Fuentes de Telefónica dicen que el sector se encuentra en una fase de profundos cambios estructurales. Para adaptarse, 'tenemos en cuenta que las oportunidades pasan por el despliegue de los servicios de banda ancha. Hemos alcanzando el hito de un millón de accesos ADSL en servicio en España el pasado mes de enero'. Y para explicar las pérdidas del último año señalan que Telefónica ha realizado un esfuerzo de inversión en infraestructuras, servicios y contenidos de banda ancha para procurar el crecimiento de este nuevo mercado. Además, las mismas fuentes, culpan al descenso de las tarifas que se cobran por las llamadas aproximadamente en un 50% desde 1997.

Multas del Tribunal de la Competencia

A los malos resultados de Telefónica en 2002, con unas pérdidas de 5.576 millones y una caída de cuota de mercado por ingresos netos del 81,5% al 79%, se suma otra espada de Damocles.La compañía lleva acumuladas multas del Tribunal de Defensa de la Competencia por valor de 47 millones de euros por vulnerar las buenas normas de la competencia. Y puede ser el principio, pues tiene pendiente un expediente en el que la multa puede alcanzar los 1.000 millones. La denuncia es por una campaña de publicidad que realizó en 2001 para evitar que sus clientes residenciales contrataran servicios con otros operadores como Retevisión, Uni2 o Jazztel.

La CMT recomienda el concurso abierto

El pasado mes de febrero la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) emitió un informe en el que sentaba las pautas para la contratación de servicios de telecomunicaciones por parte de la Administración. El propio organismo regulador advierte que el concurso abierto es la mejor fórmula para adjudicar los citados servicios y que la duración del contrato debe garantizar la amortización de cada inversión.El primero de los puntos alude a la igualdad de oportunidades para los distintos operadores en cualquier tipo de concurso. Además, subraya la imposibilidad de prorrogar los contratos cerrados con Telefónica antes de la liberalización del sector.Otros consejos de obligado cumplimiento son la separación por lotes de los distintos servicios a contratar: telefonía fija, telefonía móvil, Internet, transmisión de datos, etcétera; y la seguridad de que hay soluciones en el mercado para mantener los equipos contratados. La propia Administración debe detallar al máximo sus necesidades para que las empresas realicen una oferta adecuada.