La sentencia implica su salida de los consejos de ACS y Dragados
La sentencia del Tribunal Supremo contra Alberto Cortina y Alberto Alcocer tendrá efectos inmediatos sobre su posición como consejeros en distintas empresas, especialmente en dos grandes constructoras, ACS y Dragados, que acaban de iniciar su proceso de fusión para crear la primera empresa del sector.
Los dos empresarios se ven ahora abocados a dimitir de sus respectivos cargos en el consejo de administración de una y otra empresa, ya que de lo contrario ACS y Dragados no podrían contratar con las Administraciones públicas, sus clientes principales, tal y como establece la Ley de Contratos del Estado.
Alberto Alcocer se sienta en el consejo de ACS, en el de la compañía tecnológica Indra, y es presidente del holding Inversis en representación del Banco Zaragozano.
Alberto Cortina pertenece a los consejos de administración de Dragados, en el que entró tras la compra por ACS de un paquete de control en esta constructora, y de Ence.
De forma simultánea, la sentencia supone una amenaza para el patrimonio de los dos primos, al incluir el pago de una multa de 23 millones de euros, a los que hay que sumar los intereses de demora, lo que arroja una cantidad total a pagar de 49 millones de euros.
Para obtener estos fondos los empresarios podrían verse obligados a vender alguno de los paquetes de acciones que controlan, uno de ellos, el 7,5% de ACS, que a precios de mercado vale unos 14,9 millones de euros. La participación del 40% en el Banco Zaragozano, donde Cortina y Alcocer acaban de presentar la dimisión como copresidentes, de momento parece intocable. Fuentes de la entidad financiera afirman que Cortina y Alcocer mantendrán ese paquete de control.
Fue en octubre de 1991 cuando los Albertos decidieron volver al mundo de la construcción, del que a través de FCC fueron protagonistas de referencia en los años ochenta, de la mano de ACS y su presidente Florentino Pérez.
Su desembarco se articuló canjeando acciones de tres sociedades de servicios, básicamente reciclaje de residuos, por títulos de ACS. Ese intercambio les permitió controlar, junto a sus socios en esas empresas, casi el 15% de la empresa presidida por Pérez.
A los Albertos les correspondió de forma directa la mitad de ese paquete. Posteriormente el Banco Zaragozano fue comprando acciones de la constructora y ahora posee cerca del 5%, lo que les ha permitido a los dos empresarios controlar en total el 20% de la empresa y formar parte del núcleo de control, junto a los March y al propio Florentino Pérez.
Entre los tres han forjado una alianza estable que tiene en sus manos el 52% de la empresa y que hace un año decidió dar un golpe de mano en el sector con la compra del 23% de Dragados propiedad del SCH.
Artículo 20
La obligación de abandonar los cargos como consejeros en empresas que contraten con la Administración se deriva de lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Contratos del Estado, que especifica las circunstancias que impiden a determinadas personas contratar con la Administración.
Así, el citado artículo establece que no podrán contratar con la Administración las personas que hayan sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de falsedad, contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico, cohecho, malversación, tráfico de influencias, revelación de secretos, uso de información privilegiada, delitos contra la Hacienda pública y la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores o por delitos relativos al mercado y a los consumidores.
'La prohibición de contratar alcanza a las personas jurídicas cuyos administradores o representantes, vigente su cargo o representación, se encuentren en la situación mencionada por actuaciones realizadas en nombre o a beneficio de dichas personas jurídicas o en las que concurran las condiciones, cualidades o relaciones que requiera la correspondiente figura de delito para ser sujeto activo del mismo', añade la ley.