El Supremo falla que Cortina yAlcocer engañaron y se lucraron con 24 millones
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo afirma que Alberto Cortina y Alberto Alcocer estafaron a sus socios de Urbanor cuando esta sociedad, propietaria de los terrenos de plaza de Castilla en Madrid, fue vendida a KIO en 1988. El tribunal considera que los desde ayer ex presidentes del Banco Zaragozano se lucraron con 24,55 millones de euros que debían haber percibido los 28 accionistas minoritarios de Urbanor (Construcciones San Martín, Promotoras de Negocios Astor, entre otros).
La sentencia estima que existió engaño y que uno de los instrumentos de este engaño fue la falsificación de documentos mercantiles que los condenados presentaron ante sus socios y en los que se informaba de la compra de los solares por un precio inferior (901,52 euros por metro cuadrado) al que los condenados habían pactado de manera global con KIO (1.388,34 euros por metro cuadrado). De esta manera, Cortina y Alcocer consiguieron cobrar por metro cuadrado la 'escandalosa' cifra de 2.331,93 euros, según la sentencia.
El Supremo revoca la que dictó en este caso la Audiencia Provincial de Madrid, que si bien consideraba probada la estafa, declaraba prescritos los hechos. El Supremo estima que no hay prescripción porque la mera presentación de una querella o denuncia interrumpe el plazo de prescripción siempre que 'aparezcan datos suficientes para identificar a los presuntos culpables', como así ha sucedido en el caso Urbanor.
Deber de informar
El tribunal sostiene que 'nunca se informó a los perjudicados que se pactaron precios diferentes' y que 'en el contrato de Londres figura un precio y en las cartas falseadas que los acusados remiten, con el conforme de Cortina (por cierto ambos documentos son de la misma fecha), otro precio diferente. En ninguno de ellos se habla de precios distintos'.
Uno de los principales ejes de defensa que esgrimieron los condenados fue la de que la venta de sus acciones de Urbanor a KIO estaba relacionada con la compra de acciones del Banco Central a los kuwaitíes para crear la desaparecida Cartera Central y justifican así la diferencia de precio. El Supremo reconoce que sí existió conexión entre ambas operaciones, pero añade que 'ello no autorizaba a vender a unos socios a precio superior que a otros', ya que el precio era 'común para todos' los socios de Urbanor. En cuanto al quebranto económico sufrido años después por los Albertos en la operación de Cartera Central, el tribunal es tajante y explica que 'las acciones del Banco Central varios años después bajaron, como pudieron haber subido', algo que asegura no tiene influencia en la operación de Urbanor y su precio.
Y apunta que 'tampoco se conoce la rentabilidad del dinero recibido por los minoritarios, o el éxito o fracaso de la inversión o aplicación que pudieran haber hecho de él'. Además, concluye la Sala, no existió una permuta de activos, tal y como defienden los acusados, sino que se trató de una compraventa y el dinero sirvió para adquirir acciones del Banco Central.
El tribunal afirma que 'el precio que se ofertaba con carácter general era de 1.388 euros por metro cuadrado y no el que torticeramente se comunicó a los socios minoritarios'. Que 'también se faltó a la verdad sobre la necesidad de vender un 95% de Urbanor, para que tuviera lugar la operación. La información no era vanal, pues el beneficio ilícito que podían obtener los acusados aumentaba proporcionalmente cuantos más socios acabaran engañados'.
La Sala sentencia que los socios mayoritarios estaban obligados a informar a los demás socios sobre la venta de los solares 'en virtud del encargo asumido' de representarles en las negociaciones, lo que conlleva 'un deber jurídico de lealtad'.
Banqueros en los juzgados
La reconocida estabilidad y fortaleza del sistema financiero español ha tenido que superar en los últimos años la pesada losa de la sospecha.Mario Conde se convirtió en el primer banquero inquilino de Alcalá Meco y con la sentencia sobre Banesto el Supremo sentaba jurisprudencia y abría una sólida vía para castigar desde lo penal los escándalos financieros.Con el ingreso en prisión de los presidentes del Zaragozano, Alberto Alcocer y Alberto Cortina, serán ya tres los banqueros entre rejas.Pero, además, los dos principales grupos, BBVA y Santander Central Hispano, mantienen procesos judiciales abiertos que afectan, directa o indirectamente, a sus directivos y ex consejeros. El desfile de protagonistas del sector financiero por los pasillos de los juzgados ha dejado de ser una anécdota.El propio presidente del SCH, Emilio Botín, ha tenido que comparecer dos veces ante el juzgado número 3 de la Audiencia Nacional. Lo hizo por primera vez en julio de 1992 por el caso de las cesiones de crédito, por el que la jueza Teresa Palacios quiere juzgarle por un delito fiscal. La misma jueza que le interrogó en enero de este año, como querellado por un presunto delito societario, acusado por pactar el pago de 43,7 millones para anticipar la salida del banco de José María Amusátegui. En abril declarará también como imputado Ángel Corcóstegui, con relación al pago de 110 millones. En BBVA, el proceso abierto hace un año al ex presidente Emilio Ybarra y otros ex directivos del BBV por el escándalo de las cuentas ocultas constituyó un auténtico cataclismo para la entidad. El juez Baltasar Garzón que instruye el caso lo ha separado en distintas piezas.Las cajas tampoco se libran. Aunque, al contrario que en los bancos, no hay ningún caso en los juzgados, sí hay diligencias de la fiscalía por el escándalo en Cajasur.
Un inoportuno cambio en la presidencia del séptimo banco español
La sentencia del Supremo y el cambio en la presidencia de la entidad se ha producido en uno de los momentos más inoportunos para la entidad. A pesar de que el banco ha sido el valor bursátil que más ha subido en lo que va de año (un 23,3%), esta alza no se ha producido por proyecciones de crecimiento del negocio, sino por las insistentes cábalas acerca de su posible compra. El probable comprador en todas las quinielas ha sido en los últimos meses el mismo, el británico Barclays.El nuevo presidente y consejero delegado, Felipe Echevarría Herrerías, es un hombre de la casa, un ex ejecutivo del BBV de plena confianza de los Albertos. En los últimos 10 años, ha sido el máximo responsable de la gestión del banco, periodo en el que el beneficio ha crecido el 88%. Su primera misión será 'darle continuidad al banco', según solicitaron ayer los Albertos en una reunión de urgencia del consejo. Echevarría, además, tendrá que evitar que la inestabilidad se adueñe de la entidad.Por ello, fuentes del banco repitieron ayer una consigna clara: el 40% en poder de Cortina y Alcocer no está en venta. La normativa del Banco de España así lo contempla, ya que permite a los directivos inculpados retener las acciones, aunque les obliga a abandonar los cargos.Moneda comúnLos rumores de venta han sido moneda común desde que los Albertos ocuparon la presidencia en mayo de 1997. Desde entonces, los directivos siempre han coqueteado con su venta, lo que ha incrementado la cotización. Este coqueteo tuvo su punto álgido durante la junta de accionistas en junio, durante la cual los copresidentes afirmaron que no dudarían en vender si alguien les presenta 'un proyecto interesante'. Los rumores han ido in crescendo en el año. Y el miércoles el Zaragozano se vio obligado a aclarar a la CNMV que 'hasta ahora nunca ha habido un planteamiento por parte de los posibles interesados que haya sido merecedor de ser evaluado'.El Barclays, por su parte, repitió ayer la consigna de que 'el banco no comenta rumores de mercado'. Sin embargo, el origen de buena parte de estos rumores proviene de la propia filial. El responsable del banco, Jacobo González-Robatto, afirmó en febrero que el banco ya ha tomado la decisión de adquirir una entidad y que sólo esperan un objetivo razonable.Sin embargo, después de la sentencia del Tribunal Supremo, podría darse el caso de que vender o no ya no dependa de la voluntad de los ejecutivos. Para empezar, el primer escollo será los 49 millones que tendrán que pagar en concepto de multa e intereses. Una cantidad que, según fuentes de mercado, podría requerir ciertas desinversiones.Ayer, el consejo en pleno apoyó a los ya ex presidentes y lamentó 'el motivo de esta renuncia'.En la nota, los miembros del consejo expresan que 'están plenamente convencidos de la inocencia'.La renuncia de los Albertos ha motivado la incorporación de dos nuevos nombres al consejo. Destaca la incorporación de Ramón Blanco, consejero delegado de Repsol YPF (y mano derecha del presidente de la petrolera, Alfonso Cortina, quien es hermano de Alberto Cortina y primo de Alcocer), y la de Jerónimo Páez López, quien ocupara la presidencia de Sierra Nevada 95.Estos dos ejecutivos se unirán al ya conocido inversor indio Ramchand Bhavnani, consejero desde el pasado mes de junio, quien controla el 10,2% del banco. Otros accionistas son los consejeros Pablo Garnica (0,4%), Pascual Solans (0,269%) y el hijo de Alberto Cortina, Alberto Cortina Koplowitz, (0,716%). Completan el consejo María Amparo Martínez Sufrategui (0,004%), Alfredo López Rojas, Ramón Hermosilla Martín y Antonio Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos. Fue este consejo el que ayer lanzó su apoyo incondicional: 'también quiere informar a los clientes, accionistas y empleados del Zaragozano de que, ya desde su nombramiento como vicepresidentes, la aportación de D. Alberto de Alcocer Torra y de D. Alberto Cortina de Alcocer ha sido fundamental para la mejora de esta entidad, que da empleo estable a 2.000 personas, tiene miles de accionistas y sirve a decenas de miles de empresas y ciudadanos españoles'.