Seísmo en el Zaragozano
Una sentencia del Tribunal Supremo ha desatado la tormenta que amenazaba sobre el Banco Zaragozano desde hace meses. El fallo condena a los hasta ayer copresidentes de la entidad, Alberto Cortina y Alberto Alcocer, a tres años y cuatro meses de prisión, pues considera que no están prescritos los delitos de estafa y falsedad en documento mercantil por el caso Urbanor. Esta sentencia, que ha de ejecutarse en breve si no prospera el recurso al Constitucional, es consecuencia de un recurso al fallo de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid que absolvía a los máximos accionistas del Zaragozano al declarar prescritos, pero probados, los delitos por los que ahora se les condena.
La dura, tanto por el resultado final como por los argumentos utilizados para explicarla, e inesperada sentencia del Alto Tribunal ha precipitado los acontecimientos en la entidad financiera. Ayer mismo se reunió, con carácter de urgencia, el consejo de administración de la entidad financiera para aceptar la dimisión de los presidentes y nombrar como relevo al consejero delegado, Felipe Echevarría.
Las dimisiones, en este caso, vienen obligadas por la aplicación del real decreto sobre Creación de Bancos y otras Cuestiones Relativas al Régimen Jurídico de las Entidades de Crédito, uno de cuyos preceptos se refiere a la honorabilidad de los miembros de los consejos de administración de los bancos. En el texto se indica que no tienen la honorabilidad necesaria 'quienes tengan antecedentes penales'.
La siguiente consecuencia que se deriva de la sentencia del Tribunal Supremo es la incógnita sobre el futuro reparto accionarial del séptimo banco español por beneficios. Alcocer y Cortina tienen que hacer frente a una importante multa (24,6 millones más los intereses generados desde 1987, lo que suma un total de 49 millones), algo que parece abocarles a vender alguna de sus participaciones. Y entre ellas destaca el 40% del Zaragozano.
La venta de este paquete, con el Barclays como principal candidato para hacerse con su control, ha sido el rumor permanente de las últimas semanas, hasta tal punto que la CNMV se vio obligada a pedir explicaciones. Ayer, fuentes oficiales del banco descartaban la venta, aunque diversos medios jurídicos sostenían que cabe la posibilidad de que se puedan retirar los derechos políticos de esos títulos. Otra de las repercusiones es la permanencia de Cortina y Alcocer en el consejo de diferentes empresas, como ACS, Dragados, Ence o Indra.
En cualquier caso, y siempre desde el respeto a las decisiones judiciales que aún resten por conocerse en este caso, es necesario que el conjunto de la comunidad (Administraciones, reguladores, agentes sociales, etcétera) se conjuren en un intento conjunto por salvaguardar el orden, la limpieza y la confianza en el mundo empresarial español.