La Ley de Propiedad Intelectual enfrenta al Gobierno con las gestoras de derechos
Es una ley valiente'. Este es el comentario general entre los expertos legales en propiedad intelectual a la vista del borrador de anteproyecto que ha elaborado el Gobierno. Una norma que deberá regular un sector marcado por más de 12.000 litigios e innumerables conflictos entre usuarios, autores y entidades de gestión. El texto, que incorpora la directiva europea sobre propiedad intelectual, modifica también aspectos del régimen legal de las sociedades de gestión y del modo en que éstas fijan sus tarifas.
Han sido precisamente estos dos últimos aspectos los que han provocado el conflicto entre estas entidades, los autores y el Gobierno. La futura ley establece una batería de medidas destinadas a dotar a las entidades de gestión de mayor transparencia en su actuación. Por primera vez, todas ellas estarán obligadas a depositar cuentas en el Registro Mercantil, a realizar una memoria anual y a informar sobre las personas que formen parte de sus órganos de dirección y administración y sus retribuciones. También tendrán que publicar sus tarifas generales y deberán proporcionar a los autores rendición de cuentas de los pagos por el uso de sus obras. 'Lo que pretende la ley es cambiar el modelo actual, que no funciona, por otro mucho más transparente y controlado', señala José Carlos Erdozain, experto en propiedad intelectual del bufete Gómez Acebo.
El otro cambio que ha levantado ampollas en el sector es la atribución de potestad a una comisión (comisión de propiedad intelectual) para fijar tarifas sustitutorias en determinados supuestos en que usuarios y entidades de gestión no consigan llegar a un acuerdo. 'Muchas de las tarifas que manejan las entidades de gestión son aprobadas por el Ministerio de Cultura, pero no se negocian con los usuarios, por lo que a menudo se niegan a pagarlas', explica Erdozain.
El texto prevé que esas tarifas fijadas por la comisión sean de aplicación inmediata, 'sin perjuicio de las acciones judiciales que puedan corresponder sobre el fondo del asunto', un enunciado que Jorge Llevat, director del grupo de propiedad intelectual del bufete Cuatrecasas, considera 'ambiguo'. Llevat está de acuerdo en que la comisión fije las tarifas en caso de conflicto sobre derechos de gestión colectiva (una obra audiovisual, por ejemplo), pero no cuando se trate de derechos exclusivos, 'en los que el autor debería fijar la tarifa que quiera'. En cualquier caso, reconoce que 'se han cometido muchos abusos'.
Falta de consenso
La Sociedad General de Autores y Editores considera, por el contrario, que el anteproyecto no es más que un 'parche' que pretende modificar sin consenso la ley actual. 'No parece adecuado ni en la forma ni en el modo porque se ha hecho a espaldas de los autores; sólo las televisiones han sido consultadas y están de acuerdo con las modificaciones', señala Santos Castro, director de relaciones institucionales de la entidad.
La SGAE califica también la nueva ley de 'intervencionista', sobre todo por la comisión que proyecta crear para resolver los casos de conflicto y que 'no va a solucionar nada', comenta Castro. 'Además recorta los derechos de los autores audiovisuales en el ámbito digital y no sigue el modelo europeo'.
La institución ha propuesto un 'pacto social para la defensa de la cultura' con el que pretende alcanzar un acuerdo entre todos los sectores afectados. Esta idea fue contestada ayer por la Federación Española de Hostelería (FEHR) y por la Confederación de Comercio, al señalar que 'nosotros también somos cultura y estamos a favor de la cultura, pero no queremos que los demás nos impongan privilegios', comentó Pedro Galindo, presidente de la FEHR. En este sentido, criticó la 'voracidad' de la SGAE por el cobro de los cánones y pidió que la nueva ley regule las lagunas que han provocado miles de conflictos judiciales.
Quienes sí se han mostrado totalmente de acuerdo con la reforma han sido las televisiones. Según Uteca (Unión de Televisiones Comerciales Asociadas), esta modificación 'es necesaria y urgente no sólo para cumplir con las obligaciones comunitarias y el mandato del Parlamento español, sino para instrumentar una solución a la actual conflictividad provocada por el texto en vigor'. Y añade: 'no es cierto que se esté eliminando la libertad de fijar precios y de negociación de los creadores. La comisión de propiedad intelectual sólo actuará en el caso de que fracasen las negociaciones entre las partes'. También niega que el Ministerio de Cultura fije los precios y que se eliminen los derechos audiovisuales en Internet.