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Mercado energético

La Generalitat catalana reclama la neutralidad de las Administraciones

La opa de Gas Natural sobre Iberdrola provocó ayer reacciones para todos los gustos. Desde el consejero de Economía de la Generalitat de Cataluña, Francesc Homs, quien pidió distancia a los poderes públicos para pronunciarse sobre la opa, a los temores del secretario general del PSCL-PSOE, Ángel Villalba, quien manifestó sus temores a la posibilidad de que los órganos de decisión de la nueva compañía eléctrica se alejen de la región de Castilla y León.

El consejero Francesc Homs pidió ayer 'distancia de los poderes públicos' en la operación planteada por Gas Natural, y que no exista 'injerencia política en ningún sentido, ni por parte de la Administración central ni de la autonómica ni de la local'. De esta forma, Homs dio un paso más respecto a sus primera declaraciones del lunes en las que se limitó a recalcar que se trataba de un proceso abierto por dos empresas. Homs añadió ayer que 'no corresponde a los poderes públicos ni evaluar ni cualificar ni considerar la oportunidad de estas decisiones'.

En cambio, el secretario general del PSCL-PSOE, Ángel Villalba, aseguró que los órganos de decisión de Iberdrola se alejarán de Castilla y León si prospera la opa, con la consiguiente pérdida de peso de esta comunidad autónoma. Con todo, recordó que después de dos años de pedir un mayor compromiso de Iberdrola, la Junta 'sigue teniendo poco peso en los órganos de dirección ' de la eléctrica.

Sindicatos

José María Fidalgo, secretario general de CC OO, advirtió que en el sindicato siempre se observan 'con preocupación' las agrupaciones de empresas, especialmente cuando se trata de compañías de las que 'los ciudadanos dependemos en gran parte'. Fidalgo añadió que 'por un lado nos cuentan las ventajas de la liberalización, pero en la práctica asistimos a procesos de concentración que poco tienen que ver con la competencia'.

La secretaria general de la federación de industrias afines de UGT, Francisca Sánchez, aseguró ayer que la operación de compra de Iberdrola es 'impecable' desde el punto de vista industrial y no conllevará recortes de plantilla. En este sentido, Sánchez remarcó que ambas empresas se 'complementan bastante más que en operaciones anteriores', en referencia al fallido intento de fusión que protagonizaron Iberdrola y Endesa en 2000.

La dirigente sindical afirmó que la opa de Gas Natural sobre Iberdrola responde 'más a las necesidades de lo que está sucediendo en Europa a escala internacional de cara a la liberación de redes y su interconexión'. De esta forma, si la operación llega a buen término, se creará un grupo 'más fuerte'.

Finalmente, la Unión de Consumidores de Madrid (UCE) expresó su cautela, al considerar que una fusión podría aumentar un monopolio de Gas Natural en el sector del gas, fruto de la suma de los activos de Iberdrola y la posición dominante del grupo gasístico. También en el sector eléctrico se reduciría la competencia, señaló la UCE.

La batalla por conseguir sedes

Pese a la llamada a la neutralidad de los poderes públicos realizada por el consejero de Economía de la Generalitat de Cataluña, Francesc Homs, lo cierto es que en las filas de CiU se respiraba una cierta satisfacción por la posibilidad de que por segunda vez en menos de un año La Caixa logre liderar, desde Barcelona, un proceso de concentración de empresas en España. Tras el éxito de Acesa en su fusión con Aurea, la nueva compañía, Abertis, tendrá su sede central en la capital catalana, algo que podría repetirse en el sector energético. De esta forma, la Administración de CiU podría ocultar el fracaso que supuso la desaparición de las eléctricas Fecsa y Enher, absorbidas por Endesa.Fuentes de CiU señalaron ayer que es importante reforzar el eje vasco-catalán para hacer frente al poder central que está monopolizando Madrid. Sin embargo, ningún portavoz oficial quiso confirmar contactos entre CiU y PNV para facilitar este acercamiento. Además, las malas relaciones entre la Generalitat y el presidente de La Caixa, Josep Vilarasau (obligado a retirarse por una ley promulgada por el partido de Jordi Pujol), no indican que el ejecutivo de CiU haya dado apoyo, más allá de lo imprescindible, a la operación.

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