Bola de nieve en el empleo público

Cuando el PP llegó al poder en 1996 se propuso como uno de sus objetivos de gobierno reducir el peso del empleo público. A juicio de los primeros gestores populares, las Administraciones eran una gran bola de nieve que se hacía cada año más grande de forma ingobernable, sobre todo para las arcas públicas, que querían sanear.

La solución fue drástica: en los primeros Presupuestos Generales del Estado del Partido Popular en 1997 se estableció por ley que sólo podría reponerse una de cada cuatro bajas vegetativas (por jubilación o fallecimiento) que se registraran en cualquiera de las tres Administraciones (general, autonómica y local).

Como consecuencia de esta medida legal las plantillas de empleados públicos deberían haberse reducido en estos seis años, pero en general no ha sido así, sino todo lo contrario.

Ahora hay unos 2.383.542 empleados públicos en el conjunto de las Administraciones (incluyendo las Fuerzas Armadas y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado), frente a los 2.205.517 trabajadores que había en el Registro Central de Personal del Ministerio de Administraciones Públicas a finales de 1997.

Esto supone que hoy en día hay alrededor de 178.000 empleados públicos más que en 1997, cuando el límite citado de reposición de sólo el 25% de las bajas debería haber mermado las plantillas públicas en alrededor de 200.000 trabajadores.

Para llegar a esta conclusión hay que tener en cuenta que, según estimaciones sindicales y de la propia Administración, anualmente se jubila alrededor del 2% de la plantilla.

Así, si se toma una plantilla media anual de unos 2.300.000 empleados públicos entre 1997 y 2002 se obtiene que cada ejercicio acceden a la jubilación unos 46.000 empleados públicos de promedio; o lo que es lo mismo, cerca de 276.000 bajas en los seis años de Gobierno popular.

Según la ley, sólo podría haberse repuesto el 25% de estas bajas, unos 69.000 puestos de trabajo. Los 207.000 restantes empleos hasta completar el total de jubilaciones y bajas en las Administraciones deberían haber quedado vacantes, con lo que se habría adelgazado la plantilla pública y cumplido el objetivo del PP.

Sin embargo, ninguna Administración ha cumplido a rajatabla este límite de reposición, y aunque las nuevas plazas no fueran de funcionarios, sino de personal contratado, entre 1997 y 2002 las plantillas de dichas Administraciones han ganado los 178.025 empleados citados anteriormente.

En la mayoría de las ocasiones, la excusa que ha estado en el transfondo del incumplimiento de este límite a la contratación ha sido el traspaso de competencias a las comunidades autónomas y se ha cubierto mayoritariamente con empleo temporal.

Nuevo reparto de personal

El proceso de transferencias ha cambiado radicalmente el mapa del personal público, reduciéndose en 359.335 personas la plantilla de la Administración general del Estado, mientras que la Administración autonómica ganó 424.839 trabajadores.

Además, desde 1999, el propio Gobierno, ante las reiteradas quejas sindicales, comenzó a abrir la mano en la oferta de empleo público y empezó a crear excepciones en la tasa de reposición del 25%. Así, cada año han ido apareciendo nuevos sectores en los que no debía cumplirse el tope de reposición: Policía Municipal, bomberos, médicos, investigadores y, sobre todo, los ayuntamientos de localidades con menos de 50.000 habitantes.

En estos últimos casos, la escasez de personal municipal hacía que cuando se producía una o dos bajas al mismo tiempo el total de la plantilla se veía reducido entre un 25% o incluso un 50%, por lo que también aquí se abrió la espita de la contratación.

Pero este año, la proximidad electoral y las reiteradas quejas sindicales, han hecho que el Gobierno -aunque no lo haya reconocido expresamente- haya renunciado definitivamente a reducir el volumen de las plantillas de empleados públicos.

Ahora que la mayoría del personal que trabaja para las Administraciones está en manos de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, el ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, ha decidido eliminar todos los límites a la contratación de empleados públicos, con lo que se podrá reponer el 100% de las bajas vegetativas que se produzcan.

Bien es verdad que en los próximos años estas bajas se reducirán sensiblemente, al igual que ocurrirá en todo el mercado laboral, a medida que vayan llegando a la jubilación las generaciones nacidas tras la guerra civil, que son menos numerosas.

Es más, según opinan fuentes sindicales, el logro de que se pueda reponer el 100% de las bajas es un 'engañabobos', ya que la reposición de las bajas no supondrá creación neta de empleo, sino que el 30% de la oferta de empleo público de nueva creación será para consolidar al personal interino, esto es, hacer funcionarios a los empleados de determinadas plazas ya existentes.

En concreto, de las 5.689 plazas de la oferta de empleo público para la Administración general del Estado en 2003 aprobadas por el Consejo de Ministros el pasado 21 de febrero, un total de 1.562 plazas no serán de nueva creación, sino que estarán destinadas a la consolidación como funcionarios de trabajadores interinos.

Ser funcionario ya no es para toda la vida

Quien más y quien menos ha escuchado el consejo de alguno de sus mayores: 'Lo mejor es hacer una oposición y ser funcionario, que es para toda la vida'.En los últimos años, la precariedad ha invadido las Administraciones públicas de manos de los contratos temporales.Ahora mismo, más del 22% del total de los empleados públicos tiene un contrato temporal y esta tasa se ha incrementado más de 6 puntos desde 1997, manteniendo una tendencia negativa, en contra de la experimentada en el sector privado.Estos datos son la evidencia de que trabajar para el Estado, la comunidad autónoma o el ayuntamiento ya no es nunca más una garantía de tener un trabajo estable para toda la vida.La temporalidad en el empleo público se acerca cada vez más a la situación del mercado laboral en general, donde el 30% de los contratos son temporales.Aunque esta precariedad no es igual en todas las Administraciones; mientras en la general del Estado afecta al 18% de la plantilla, en la autonómica, al 21%, y en las corporaciones locales se eleva al 35% del total de trabajadores.Extremadura, Canarias y Navarra se sitúan a la cabeza de la temporalidad en el conjunto de las Administraciones, con tasas superiores al 27%. Esta situación llega a extremos más preocupantes en los ayuntamientos de Extremadura y de Murcia, donde los trabajadores temporales son más de la mitad del total de la plantilla.