Monti endurece su lucha contra la banca pública pese a una sentencia desfavorable
La anulación del dictamen de la Comisión no va a frenar nuestra labor de asegurar una competencia justa en el sector bancario alemán', desafió ayer el comisario de Competencia, Mario Monti. 'Más bien al contrario. La sentencia confirma la política de la Comisión de que las inyecciones de capital por parte del Estado en empresas públicas deben hacerse en condiciones de mercado'.
El Tribunal de Primera Instancia de la UE anuló ayer la decisión de la Comisión Europea de exigir a las autoridades alemanas la recuperación de 808 millones de euros en ayudas de estado al banco público WestLB.
A pesar de este revés judicial, el Departamento comunitario de Competencia ha interpretado la sentencia como una victoria y, de hecho, ayer anunció que el fallo no sólo servirá para continuar el caso contra WestLB, sino también para concluir otros seis expedientes contra otros tantos bancos regionales alemanes. La Comisión considera que los magistrados han avalado su análisis teórico del caso, aunque hayan cuestionado el cálculo de la cantidad que se debía recuperar.
La Comisión actuó contra el WestLB tras la queja presentada en 1994 por una asociación de bancos privados alemanes. La banca privada criticaba la decisión de las autoridades del land de Westfalia-Norte de transferir en 1991 al WestLB el órgano encargado de la financiación pública para el sector inmobiliario. Por esta contribución de capital, el land sólo recibió como pago un 0,6% anual.
Bruselas dictaminó en 1999 que la operación constituía una ayuda de Estado ilegal y calculó que las autoridades debían haber exigido una retribución del 9,3%. Los más de ochos puntos de diferencia en el tipo aplicado se tradujeron en un ahorro para el WestLB de 808 millones de euros durante el periodo 1992-1998.
El fallo del tribunal, leído ayer, considera que la Comisión no ha justificado suficientemente el cálculo del tipo de interés apropiado aplicable a la operación, lo que ha llevado a los jueces a anular la decisión. Pero rechaza la tesis defendida por el Estado de Sajonia-Westfalia y el banco WestLB, en el sentido de que la Comisión había juzgado erróneamente la operación como ayuda de Estado. 'La Comisión actuó correctamente al considerar que puede existir ayuda de Estado ilegal incluso cuando los recursos públicos se invierten en una empresa con beneficios', indicó ayer el tribunal desde su sede en Luxemburgo.
La Comisión asegura que el fallo clarifica la jurisprudencia sobre el concepto de ayuda de Estado, lo que permitirá al Departamento de Competencia concluir rápidamente los expedientes que inició en 2002 contra otros seis bancos públicos alemanes (el Bankgesellschaft de Berlín, el Schleswig-Holstein, el Hamburgische, el Norddeutsche, el Hessen-Thüringen y el Bayerische).
En los cinco últimos casos, las operaciones investigadas responden al mismo modelo que en el caso del WestLB, según la Comisión, aunque el volumen de ayudas afectadas puede ser bastante menor.
El valor de los activos transferidos por sus respectivos Gobiernos regionales pudo ascender en total a 3.500 millones de euros. Todas las entidades recibieron al menos 500 millones. Bruselas calcula que la ampliación de capital pudo permitir a las cinco entidades ampliar su cartera de préstamos en más de 40.000 millones de euros en total.