Respaldo a los planes de reforma del Gobierno Lula
El principal reto al que se enfrenta el actual Gobierno brasileño es el de desarrollar un programa de reformas -seguridad social y sistema fiscal- que, aun siendo lo suficiente amplio y ambicioso, ofrezca una viabilidad política que permita su aprobación a lo largo de este año 2003. El objetivo consiste en lograr un amplio consenso entre los grupos de interés afectados por estas iniciativas, de forma que las propuestas se enfrenten con la menor resistencia posible una vez sean presentadas ante el Congreso.
El Partido de los Trabajadores (PT), que apoya al Gobierno, está dando los pasos adecuados en este sentido, de modo que, recientemente, ha tenido lugar una reunión entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y los gobernadores de los 27 Estados cariocas, para debatir sobre estas cuestiones. El resultado de este encuentro ha llevado a la publicación de la denominada Carta de Brasilia, donde se recogen las líneas maestras de la reforma fiscal y de la seguridad social. Con todo, lo realmente destacable de esta reunión ha sido el apoyo incondicional que los gobernadores han mostrado a estas reformas, sin introducir ningún tipo de modificación en el acuerdo de reestructuración de deuda existente entre el Gobierno federal y estatal.
Este hecho, unido a las declaraciones del PMBD, segunda fuerza política del país, asegurando que el Gobierno contará con su apoyo en el Congreso para todo lo relacionado con esta iniciativa, supone un espaldarazo definitivo al programa de reformas emprendido por Lula.
El acuerdo logrado entre el Ejecutivo federal y los Gobiernos de los Estados supone el paso decisivo para aprobar las reformas estimadas vitales
Sin embargo, mientras la seguridad social y el sistema fiscal han acaparado toda la atención política, existen un conjunto de medidas que, aun siendo de vital importancia para garantizar la estabilidad de la economía brasileña, continúan pendientes de aprobación desde la anterior legislatura.
Entre ellas destacan la Ley de Quiebras y la legislación que garantice por escrito la independencia del Banco Central.
Esta última adquiere especial importancia dentro del actual proceso inflacionista en el que se encuentra inmerso Brasil, ya que la autonomía de la autoridad monetaria permitiría combatir la inflación con un menor coste en términos de crecimiento y estrangulamiento de la demanda interna.
Una semana más, el peso mexicano sigue mostrando una tendencia claramente bajista. La cotización cerró el mes de febrero por encima de los 11 pesos por dólar (11,2), lo que supone una depreciación del 8% desde principios de año. Fueron la publicación de datos poco favorables en EE UU, relativos a la confianza del consumidor, los que volvieron a debilitar la divisa. En este contexto, no se espera que el peso pueda corregir a corto plazo la tendencia, al menos mientras no se disipe la incertidumbre geopolítica.
Emisión decisiva en México
A pesar de los signos evidentes de debilidad, la economía mexicana sigue contando con la confianza de los mercados, como se desprende de la buena acogida que ha tenido la emisión que el Gobierno federal realizó el pasado 26 de febrero de un bono global a 12 años y por un importe de 1.000 millones de dólares. El bono registró una demanda de alrededor de 1.700 millones de dólares y fue colocado, fundamentalmente, entre inversores institucionales norteamericanos y europeos. Este bono pagará una tasa de interés anual de 6,625%, presentando un diferencial de 290 puntos básicos respecto a la deuda americana, algo superior al que obtuvo la última emisión (246 puntos). Cuenta con la peculiaridad de incorporar cláusulas de acción colectiva que permiten, en caso necesario, la renegociación de la deuda según unas pautas establecidas, buscando en todo momento proteger los intereses tanto del emisor como de los acreedores. México sienta, de este modo, un importante precedente en los mercados internacionales de capital, contribuyendo al fortalecimiento de los mecanismos de solución de controversias entre emisores soberanos e inversores. La nueva emisión servirá, según declaraciones del propio Ministerio de Hacienda, para amortizar deuda anticipadamente, lo cual permitirá mejorar el perfil de la deuda externa en términos de coste y plazo. Por otro lado y coincidiendo con la última emisión, S&P ha confirmado esta semana la calificación de riesgo soberano de México en el nivel BBB-, manteniendo, igualmente, estables las perspectivas.