¿Perecerá Argentina?

Tras un suspense de varios meses, la Corte Suprema argentina declaró ayer inconstitucional el Decreto 214/02 que, en enero de 2002, convirtió obligatoriamente a pesos los depósitos en dólares mantenidos en bancos en Argentina, que ascendían por entonces a unos 36.000 millones de dólares. La pesificación entrañó una lesión patrimonial para los depositantes que, según la decisión judicial de ayer, vulnera los preceptos constitucionales que protegen el derecho de propiedad.

El fallo se pronuncia sobre una reclamación del Gobierno de la provincia de San Luis contra la pesificación de un depósito de 247 millones de dólares que tenía en el Banco de la nación, de capital público. Pero, al declarar inconstitucional el decreto, sus repercusiones serán mucho más profundas y ampliará el impacto que hasta ahora tenían las decisiones individuales de amparo, esto es, los interdictos ante jueces de instancia que obligaban a los bancos a devolver en dólares los depósitos pesificados.

Ahora bien. La redolarización suscita al menos tres grandes cuestiones. 1. A qué depósitos y activos financieros beneficiará. 2. Cómo se devolverán o transformarán en dólares los depósitos beneficiados y quién asumirá el coste o diferencia de cambio. 3. Si los bancos y otros acreedores argentinos, perjudicados por la redolarización de sus pasivos, pedirán también la redolarización de sus préstamos y activos.

Puesto que la pesificación fue una decisión gubernamental impuesta a los particulares, el coste de la redolarización gravitará teóricamente sobre la maltrecha Hacienda pública argentina. Agravará el endeudamiento público cuyo valor nominal supera ya el 130% del PIB. Los bancos se opondrán a afrontar el coste del fallo, bajo promesa de ser compensados por el Estado más adelante.

Para un jurista no era difícil encontrar graves reparos constitucionales a la pesificación. Pero el Supremo argentino parece haber seguido el viejo aforismo de 'fiat justitia et pereat mundus' (hágase justicia, aunque perezca el mundo).