La Corte Suprema argentina declara parcialmente ilegal la 'pesificación'

El Gobierno del presidente Eduardo Duhalde ha recibido un descomunal golpe político. La decisión de la Corte Suprema, largamente demorada y obstaculizada por el oficialismo, ha puesto en cuestión el conjunto de la política económica trabajosamente estructurada por el ministro de Economía, Roberto Lavagna.

Fuentes de esa cartera dijeron a este periódico que 'es probable que el ministro hable hoy (por ayer) o emita un comunicado fijando posición, una vez que haya leído la sentencia completa'. A última hora de anoche, todavía no lo había hecho.

En concreto, la Corte Suprema, que cumple las funciones del Tribunal Constitucional en España, ha decidido que los 247 millones de dólares ingresados por la provincia de San Luis en el Banco de la Nación dejen de contabilizarse en pesos y vuelvan a dólares. Y que sean reintegrados a esa provincia. Una espada de Damocles pesa sobre el banco, propiedad del Estado y el mayor de Argentina. Pues, si no logra un acuerdo con San Luis, será la Corte quien decida cómo y cuándo ha de reintegrar ese monto millonario.

Ayer, mientras un nutrido grupo de ahorradores festejaba el fallo, en la sede del Ejecutivo y del Palacio de Hacienda se discutía aceleradamente sobre qué hacer si los aproximadamente 400.000 ahorradores con fondos en el denominado corralón recurren a la Corte Suprema. Ya hay 180.000 amparos presentados en tribunales de la capital argentina.

Los fondos pesificados allí ascienden, según cifras del Banco Central, a unos 18.000 millones de pesos. A 1,40 pesos por dólar, relación a la cual fueron pasados de dólares a pesos en enero de 2002, son 12.857 millones de dólares. Pero, si la Corte Suprema fallara en favor de esos ahorradores, entonces la deuda de los bancos ascendería a 41.657 millones de pesos, cifra que resulta de convertir a pesos, a la cotización de 3,24 por dólar de ayer, aquel monto en dólares.

Sin embargo, el fallo de la Corte es limitado. Se refiere sólo al caso San Luis. Y fuentes del organismo dijeron ayer que 'el caso de los ahorradores será estudiado uno por uno'. Es que la Corte se cuidó bien de declarar la inconstitucionalidad del decreto 214 de enero de 2002 solamente en el caso de la provincia de San Luis. 'No me parece tan grave. La Corte ha hecho una jugada política contra el Gobierno y se cuidará de administrar, en cuentagotas, este tema', dijo ayer a Cinco Días una alta fuente del sector financiero argentino.

La misma opinión deslizó el presidente del Banco Central de la República Argentina, Alfonso Prat Gay, quien ayer se entrevistó en Madrid con su par del Banco de España, Jaime Caruana. Fuentes financieras dijeron que Prat Gay 'se abstuvo de opinar sobre el fallo de la Corte, alegando que no lo conocía, aunque admitió que el impacto de la decisión dependerá del número de gente a la que afecte. Es decir, si los ahorradores pueden reclamar sus fondos en dólares'.

Por otra parte, los bancos españoles no emitieron ningún comunicado al respecto. Sin embargo, un importante directivo de uno de ellos dijo que, 'en el corto plazo, esta medida puede desmontar toda la política económica de Argentina, en el caso de que los ahorradores puedan reclamar su dinero en dólares. En el largo plazo, esto es bueno porque pone sobre la mesa la necesidad de respetar las reglas del juego, cosa que el actual Gobierno no hizo cuando decidió pesificar'.

Como 'el coste de la pesificación supone, hasta ahora, un porcentaje de entre el 40% y el 50% del PIB argentino, de unos 95.000 millones de dólares'. En este sentido, concluyó, como los bancos no tienen dólares para hacer frente a reclamos, 'si se hace lugar a éstos, será el Estado el que deba compensar a las entidades financieras'.