La UE pacta una patente comunitaria que reduce los costes de registro un 50%
La UE contará por fin con un sistema de patente comunitaria, tras superar ayer las últimas diferencias sobre el régimen jurídico del futuro modelo. El nuevo título, expedido por la Oficina Europea de Patentes de Múnich, gozará de reconocimiento legal en todo el territorio comunitario y el coste de su tramitación, unos 25.000 euros, será la mitad que actualmente. A partir de 2010, además, el Tribunal de Justicia de la UE será el único competente para resolver litigios relacionados con las patentes comunitarias.
Han sido necesarios casi seis años de negociaciones y la inminencia de una ampliación de la UE a 25 miembros para que la vieja demanda del empresariado europeo de contar con un sistema de patente comunitaria se haga realidad. Alemania despejó ayer el último obstáculo al admitir la centralización en el Tribunal de la UE de la resolución judicial de conflictos ligados a la futura patente comunitaria. Unos meses antes se habían resuelto las disputas, en las que España jugó un papel muy beligerante, sobre el régimen lingüístico aplicable y la futura misión de las oficinas nacionales de patentes. El acuerdo político alcanzado ayer permitirá que el nuevo modelo entre en vigor en 2005.
La organización patronal europea, Unice, recordaba en vísperas del Consejo de Ministros celebrado ayer que 'la propiedad intelectual y, en concreto, las patentes se han convertido en los últimos años en un instrumento fundamental para la competitividad de las empresas'. 'Pero la innovación requiere inversiones significativas y asumir riesgos', añadía Unice. 'Las patentes ofrecen una oportunidad legítima a quienes se arriesgan e invierten dinero en innovación para que les compense el esfuerzo'.
En la Cumbre de Lisboa (marzo de 2000), los líderes europeos señalaron la creación de una patente comunitaria como una de las iniciativas fundamentales para incentivar la innovación y la inversión en I+D. La propuesta presentada por la Comisión Europea en agosto de ese año aspiraba, consecuentemente, a reducir de modo sensible los costes de proteger la propiedad intelectual en Europa, pero las sucesivas modificaciones pactadas por los Estados miembros han ido mermando su ambición.
Berlín obtuvo ayer, por ejemplo, un periodo transitorio, que finalizará en 2010, durante el que los tribunales nacionales mantendrán sus competencias. 'A partir de entonces', señaló el comisario europeo de Mercado Interior, Frits Bolkestein, 'las empresas ya no se enfrentarán a la posibilidad de un desafío judicial en los tribunales nacionales, lo que aumentará las garantías jurídicas de la posesión de una patente'.
Traducciones
España y otros Estados miembros habían logrado antes la introducción de un régimen lingüístico que contempla la posibilidad de pedir en inglés, francés o alemán la solicitud de expedición de una patente, pero obliga al interesado a asumir los costes de traducción de las reivindicaciones (donde se detallan las novedades que aporta una invención) a todas las lenguas oficiales de la UE, es decir, 11 actualmente y 19 cuando el año que viene ingresen 10 nuevos países.
Este régimen lingüístico supondrá casi 7.000 euros sólo en costes de traducción, el triple que mantener, como proponía la Comisión, el régimen actual de la Oficina de Patentes de Múnich, que trabaja en inglés, francés y alemán. La patronal europea abogaba incluso por simplificar el sistema al extremo y dejar sólo el inglés como lengua oficial de la innovación. Aun así, el comisario de Mercado Interior, Frits Bolkestein, se felicitaba ayer por un acuerdo político que reducirá a la mitad los costes de tramitación de una patente, cifrados actualmente en 50.000 euros cuando se solicita su validez para ocho Estados miembros. 'La patente comunitaria costará 25.000 euros para 25 Estados miembros', destacó Bolkestein. 'Todavía más que en EE UU y Japón, pero mucho mejor que la actual situación'.
Oficinas nacionales
Las futuras competencias de las oficinas nacionales de patentes fue otro de los conflictos que impidió a la Unión Europea cumplir su compromiso de pactar un modelo de patente comunitaria en 2001. El acuerdo final, que aún deberán detallar los expertos jurídicos de la Comisión y los Estados miembros, prevé la coexistencia de esas dependencias nacionales con la Oficina Europea de Múnich.
Las oficinas que trabajen en alguna de las lenguas oficiales del organismo europeo (inglés, francés o alemán) podrán realizar tareas en su nombre, como la labor de rastreo necesaria para determinar si una invención concreta no ha sido registrada ya anteriormente. Oficinas como la española, en cambio, tendrán unas competencias más limitadas, pues esa labor de rastreo sólo podrán realizarla en su lengua oficial.
España defendió, sin embargo, la pervivencia de estas oficinas para facilitar el acceso a sus servicios a las pequeñas y medianas empresas, así como para mantener, según afirman fuentes oficiales, el importante flujo de solicitudes procedentes de Latinoamérica.
El inventor que quiera solicitar una patente comunitaria en España podrá presentar su solicitud en español a través de la oficina nacional, que asumirá los costes de traducción a una de las tres lenguas oficiales de Múnich.
El interesado deberá después correr con los gastos de la traducción de las reivindicaciones (unas dos páginas, normalmente) a las otras lenguas oficiales.
La Oficina Europea compensará por esta labor a las nacionales cediéndoles el 50% de las tarifas que cobre por la renovación de una patente.