La subida de precios de la vivienda la hace casi inaccesible a los jóvenes
La Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE) ha manifestado que el encarecimiento del 58% que la vivienda acumula desde 1996 está acercando "peligrosamente" el límite de precios a partir del cual los potenciales compradores, sobre todo los más jóvenes, no podrán afrontar el pago de la misma.
El secretario general de la patronal, Manuel Martí, ha advertido que los jóvenes que buscan su primera vivienda se encuentran con "una barrera de entrada que puede además agravarse ante circunstancias imprevisibles", como puede ser el recorte del crédito hipotecario que prestan los bancos como consecuencia de la nueva regulación de tasaciones inmobiliarias que última el Gobierno. Asimismo, ha asegurado que la solución al problema de la escasez de suelo edificable pasa por evitar que el urbanismo siga representando la principal fuente de ingresos de los ayuntamientos, que en algunos casos genera el 25% de los mismos. Así, la patronal solicita la prohibición expresa de la donación de empresas a ayuntamientos y que se penalice a las corporaciones locales que exijan prestaciones a las empresas a cambio de licencias de obras.
Pacto del Suelo
El secretario general de la APCE ha expresado su escepticismo ante la efectividad del Pacto de Suelo suscrito el pasado 22 de enero entre el Ministerio de Fomento y doce comunidades autónomas (las gobernadas por el PP, Cataluña y Navarra), que mañana se estudiará de nuevo en ponencia en el Parlamento y por la cual se modificará la Ley del Suelo.
Martí ha declarado que el Pacto de Suelo, además de no evitar dicha vía de financiación municipal, no tendrá efecto hasta que los ayuntamientos revisen sus planeamientos respecto a la nueva calificación acordada y hasta que las comunidades autónomas no pongan voluntad para acortar y agilizar los plazos administrativos ligados al urbanismo. Tambien considera que "ningún promotor" se arriesgará a invertir en una promoción obteniendo una licencia de obras a través del silencio administrativo positivo, tal como introduce el nuevo pacto.