El PSOE propone que las VPO no se puedan revender
Esta propuesta y otras muchas fueron presentadas ayer en el marco de unas jornadas sobre legislación urbanística organizadas por el PSOE en el Congreso de los Diputados.
La necesidad de reformar la actual política de vivienda protegida fue una de las medidas más escuchadas, debido al elevado fraude que se ha ido generando en los últimos años por las segundas y sucesivas transmisiones de pisos de VPO.
Aunque la normativa actual (que data de 1978) limita el precio de venta de estas casas, está comprobado que alcanzan precios muy próximos a los del mercado libre, lo que ha contribuido a crear un mercado paralelo que no sólo no actúa de freno a los precios, sino que acrecienta la especulación, según aseguraron los expertos asistentes a dichas jornadas.
Para evitar esta situación, el PSOE propone una modificación en profundidad de la normativa sobre VPO 'para que se adecue a las nuevas tipologías de viviendas acordes con las características de la sociedad actual y para evitar el enriquecimiento ilícito de aquellos beneficiarios de ayudas públicas que especulan con la venta de su vivienda protegida'. No obstante, 'analizaremos muy despacio las modificaciones que debemos introducir antes de plantear nada concreto', explicó Víctor Morlán, portavoz de Medio Ambiente y Suelo del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Hasta entonces, el PSOE pretende que a la hora de revender una vivienda protegida sólo se pueda hacer a las Administraciones, que estarán obligadas a ejercer su derecho de tanteo y retracto. Una vez realizada la operación, dichas viviendas podrían volver a ponerse en el mercado respetando siempre su precio máximo y sin perder nunca la condición de ser inmuebles protegidos.
Otra de las medidas que contempla llevar a cabo el PSOE cuando vuelva a gobernar es fomentar la construcción de VPO en alquiler para incrementar el parque de pisos en este régimen, que en España apenas representa el 2% del total, frente al 18% de media en Europa.
En este sentido, los socialistas han elaborado un primer documento en el que proponen que el Gobierno central concierte con las comunidades autónomas y los ayuntamientos un programa de suelos de titularidad pública donde al menos el 40% de dichos terrenos sea destinado a la construcción de viviendas públicas en alquiler y el 20% para pisos protegidos en régimen de propiedad.
Por último, el PSOE insiste en la necesidad de elaborar una nueva legislación estatal sobre valoración de suelo y expropiación forzosa, basada en aplicar el valor de reposición de suelo y no el valor de mercado, de forma 'que se impida la especulación y la retención de suelos e inmuebles sin un uso determinado'. Los socialistas también creen que el Plan Nacional de Vivienda 2002-2005 es insuficiente y no cubre la actual demanda de pisos sociales.