Terrorismo

Clausuradas las sedes del diario 'Egunkaria' por su vinculación con ETA

La Guardia Civil clausuró ayer las sedes del diario Egunkaria en el País Vasco y Navarra en una operación coordinada por el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo que se saldó con 10 detenidos, todos ellos en Guipúzcoa. El periódico nació en 1990, se editaba íntegramente en euskera y, según las investigaciones, está financiado por ETA, organización que intervino en su creación, designación de directivos y dinamización'. Logró vender más de 11.000 ejemplares y tenía una difusión superior a 40.000.

Francisco Javier Alegría Loinaz, de 44 años, miembro de KAS, es el presunto enlace entre el diario y la banda terrorista, según la versión difundida ayer por el Ministerio del Interior. Además fueron detenidos el director del periódico, Marcelo Otamendi; su gerente, Fermín Lazcano, y otras siete personas relacionadas a nivel empresarial y contable con las empresas editoriales de su entorno. Entre los arrestados figuran también antiguos responsables de su redacción.

A juicio del Ministerio del Interior, Ángel Acebes, la clausura de esta publicación no atenta contra la cultura vasca. Por el contrario, obedece a un intento de la defensa 'de su pensamiento y de la expresión de su lengua en libertad'. El ministro de Justicia, José María Michavila, aseguró que el periódico clausurado era un 'instrumento de la acción terrorista'.

La versión judicial sobre la financiación del diario por parte de ETA contrasta con la del Partido Popular. Esta formación hizo público ayer un comunicado en el que acusa al Gobierno vasco de haber entregado al periódico ocho millones de euros desde 1994 en concepto de subvenciones. Según el PP, el Ejecutivo vasco era su financiador 'casi exclusivo'.

En una declaración institucional, el Gobierno presidido por Juan José Ibarretxe calificó la clausura de Egunkaria como 'medida de excepción', y reclamó al presidente de la Audiencia Nacional, Carlos Dívar, 'la más urgente aclaración y la transparencia más exquisita' en la instrucción de este caso, sobre el que realizará un seguimiento 'exhaustivo y puntual'.

La mayoría de los detenidos disponen de antecedentes. La fiscalía imputó el año pasado al director de la publicación, Marcelo Otamendi, junto a la directora del diario aberzale Gara, un presunto delito de inducción al asesinato. Ambos entrevistaron a miembros de ETA, aunque posteriormente la Audiencia Nacional decidió mantener en libertad 'sin restricciones' a los dos directores.

Ilegalización de Batasuna

El Gobierno central encuadró el cierre del diario y las detenciones en la ofensiva judicial contra ETA y su entorno. El ministro Michavila recordó que la Ley de Partidos Políticos recurrida por el Gobierno vasco es 'plenamente democrática' y que los españoles están hartos de pagar con sus impuestos a quienes les asesinan. 'El Gobierno vasco quiere pedirnos a los demócratas que sigamos financiando con nuestros impuestos a ETA a través de Batasuna, y es lo que se va a acabar con la Ley de Partidos políticos', señaló, informa Efe.

El Ejecutivo central se encuentra a la espera de que la sala especial del Tribunal Supremo se pronuncie en fechas próximas sobre la ilegalización de la coalición aberzale, pues en las previsiones del Gobierno está que no pueda concurrir a las próximas elecciones municipales.

El entorno nacionalista se solidariza con la publicación

El cierre 'temporal' del diario provocó ayer una amplia ola de protestas en medios nacionalistas, encabezada por el propio Gobierno vasco. Para el PNV de Guipúzcoa, la operación constituye 'una operación policial y judicial en contra de un derecho humano básico, como es la libertad de expresión'.

El coordinador de Izquierda Unida en Euskadi, Javier Madrazo, se sumó también a las críticas. La clausura de la publicación supone, a su juicio, 'un ataque directo al euskera y a la libertad de expresión'.

Egunkaria recibió también el apoyo de la Facultad de Informática de la Universidad del País Vasco y de la editorial Elhuyar, que ofrecieron ayuda para que hoy pueda salir a la calle.

La junta directiva de la Asociación de Periodistas de Vizcaya pidió que se respete 'el derecho de Egunkaria a seguir publicándose'.