La UE permite a Madrid no computar como deuda la inversión del Metrosur

Eurostat ha hecho público su veredicto. Mintra, la empresa que construye el Metrosur madrileño, es una empresa no financiera y, por tanto, su inversión no debe considerarse deuda de la Administración regional.

Eurostat ha dado la razón a Alberto Ruiz-Gallardón. Desde su constitución, allá por el año 1999, la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Hacienda mantenían discrepancias sobre la naturaleza financiera de Mintra, la empresa creada para construir el Metrosur.

El Gobierno regional sostenía, sostiene, que Mintra es una empresa no financiera; y por tanto, y ateniéndose a los estrictos criterios del sistema contable europeo SEC'95, no debe consolidar en el sector público autonómico; el Ministerio de Hacienda no lo tenía tan claro, y ambas partes decidieron recurrir al arbitrio de Eurostat.

Estas diferencias estaban provocando un quebranto a Madrid superior a los 2.000 millones de euros. Banco de España, guiado por un criterio de prudencia, venía considerando los pasivos de Mintra como endeudamiento de la Administración autonómica, y sus inversiones, como déficit.

La decisión de Eurostat de clasificar a esta empresa en el sector de sociedades no financieras en lugar de en el de Administraciones públicas supondrá la reducción inmediata de la deuda regional. Banco de España deberá volver a calcular el déficit y la deuda con carácter retroactivo, minorándolos en la parte correspondiente a Mintra.

El consejero de Hacienda, Juan Bravo, eufórico tras conocer la noticia, declaró ayer a Cinco Días que 'la decisión de Eurostat es importante por dos razones: la primera, porque permitirá una comparación homogénea de nuestra deuda con la de las demás Administraciones públicas europeas; la segunda, el Ejecutivo que venga (en referencia al cambio de gobierno que se avecina) podrá seguir construyendo infraestructuras a un coste mínimo'.

Mintra se constituyó en 1999. Gallardón decidió poner en marcha esta sociedad, que acomete una inversión de 2.894 millones de euros, utilizando un modelo financiero que se articula a través de tres patas: la Administración autonómica, las constructoras y los bancos, que son las entidades encargadas de asumir la financiación. La banca institucional europea -Banco Europeo de Inversión, KFW (el ICO alemán) y Banco de Desarrollo del Consejo de Europa-, el 56%; Caja Madrid y Société Générale, el 44%.

Las empresas construyen el metro y cobran de los bancos a medida que ejecutan obra. El plazo de amortización del crédito que la Hacienda regional mantiene con las instituciones financieras es de 17 años; el tipo de interés, el euribor más 0,15%, de media.

La negociación entre la hacienda estatal y autonómica ha obligado a Madrid a reforzar el carácter mercantil de Metro, sociedad participada por comunidad y ayuntamiento, y a quien Mintra tiene alquilada su infraestructura. Hasta ahora, la Comunidad de Madrid cubría totalmente, con una subvención de explotación al uso, el déficit de Metro derivado del precio político del billete; para que Eurostat diera el visto bueno a Mintra, la Comunidad de Madrid se ha comprometido a que Metro se financie con sus ingresos de mercado.

Ayer, Gallardón aseguró que la deuda de la comunidad a 31 de diciembre de 2002 será de 6.270 millones, 2.592 menos que si se hubiera mantenido la anterior clasificación de Mintra. Esos 6.270 millones de endeudamiento equivalen al 56,2% del presupuesto regional y al 4,9% del PIB autonómico.

Cataluña y Valencia, en el punto de mira de Hacienda

Mintra no era la única empresa autonómica sobre la que pesaba la sospecha de que se había constituido para invertir y encubrir déficit al mismo tiempo.En su misma situación están Gesa, la sociedad catalana encargada de abordar las infraestructuras de la Generalitat, y Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana. Pero ni Montoro ni los respectivos gobiernos regionales han querido llevar estos casos a Bruselas, temiendo el no de Eurostat. Los expertos opinan que la estructura financiera de Gesa, con algunos retoques, podría pasar con éxito el examen, pero Valencia tendrá que hacer plan de saneamiento una vez entre en vigor la Ley de Estabilidad Financiera.