El Tribunal de la UE reconoce la legalidad del segundo plan Renove
El Ministerio de Industria y Energía firmó en 1997 un convenio con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para establecer un régimen de ayudas para la adquisición de vehículos industriales, según recuerda la sentencia dictada ayer por el Tribunal de Justicia de la UE.
La Comisión dictaminó en 2000 que el régimen constituía una ayuda de Estado ilegal, salvo en el caso de los pequeños vehículos industriales (de hasta 3,5 toneladas). Bruselas aducía que, en un mercado único de transporte, las ayudas reservadas a las empresas españolas podían distorsionar la competencia y denunciaba además que el plan no fomentaba una reducción de la capacidad del sector, sino una mera sustitución de vehículos. La Comisión exigía la recuperación de las ayudas, cuyo valor total alcanzaba los 18 millones de euros.
La última instancia judicial europea sentenció ayer que la decisión de la Comisión de anular el plan y pedir la recuperación de las ayudas 'adolece de falta de motivación en cuanto a la falta de compatibilidad (...) con los criterios establecidos sobre ayudas al medio ambiente'. Los jueces consideran que la Comisión tampoco ha aclarado si consideró el plan como ayudas a la inversión o al funcionamiento, pues estas últimas son las que pueden distorsionar la competencia.
El tribunal ya sentenció en septiembre a favor de la primera versión del Renove, que se prolongó desde agosto de 1994 a diciembre de 1996. La Comisión, en 1998, también dictaminó en contra.
El 1 de enero de 1997, y con una duración prevista de 12 meses, entró en vigor la segunda fase del programa de renovación de la flota industrial.
El ICO abrió una línea de crédito de 35.000 millones de pesetas para financiar el plan.
Los préstamos del ICO, reservados para las pequeñas y medianas empresas y para los empresarios autónomos, preveían una bonificación pública de 85.000 pesetas (511 euros) por cada millón de pesetas (6.010 euros) prestado. La subvención total equivalía al 8,5% de un préstamo cuyo periodo de amortización era de cuatro años (sin periodo de carencia posible).
El plan Renove pretendía contribuir al rejuvenecimiento del parque de vehículos industriales en España, por lo que condicionaba la concesión de la ayuda a la retirada de otro automóvil de al menos diez años de antigüedad (o siete para algunos tipos de camiones).
El ICO concedía préstamos de hasta el 70% del valor de la nueva adquisición y el Ministerio de Industria y Energía compensaba, hasta un máximo de 4,5 puntos, el tipo de interés aplicado por el instituto público y el que hubiera debido abonar el interesado en una operación comercial normal. El importe total de la intervención estatal se calcula en 18 millones de euros.
El Ejecutivo español defendió las ayudas por la mejora que la modernización de camiones y furgonetas supondría en términos de la seguridad vial y reducción de emisiones.