El Gobierno abre nuevas vías de negociación con los paraísos fiscales
El Ministerio de Hacienda ha aprovechado los últimos cambios en la imposición directa para dar una vuelta de tuerca a su relación con los territorios receptores de dinero opaco al fisco. El nuevo Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que el Gobierno acaba de publicar en el BOE, recoge una novedad que va en esta línea.
La administración está dispuesta a dejar de considerar paraísos fiscales a todos 'aquellos países y territorios' -muchos son áreas geográficas dependientes de antiguas metrópolis- que firmen con España 'un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria' o bien un convenio para evitar la doble imposición 'con cláusula de intercambio de información'. La propuesta sería firme de forma instantánea, desde el momento en que dichos convenios o acuerdos entren en vigor.
Los países o territorios a que se refiere la propuesta son los incluidos en el real decreto de 1991, aprobado a instancias del entonces ministro de Economía, Carlos Solchaga. Son 48 áreas declaradas oficialmente como paraísos fiscales y que siguen teniendo esta consideración a fecha de hoy. Arranca, de esta forma, una larga carrera de negociaciones bilaterales, algunas iniciadas ya, y que 'durarán meses', según han reconocido a este diario fuentes del Ministerio de Hacienda.
En este escenario de mayor diálogo, España no está actuando en solitario. De hecho, los cambios que se acaban de introducir en el reglamento del impuesto de la renta de no residentes son, en la práctica, una prolongación de las negociaciones que lleva realizando la OCDE con estos países desde hace tres años, a instancias de EE UU.
El escenario es similar. Se busca la colaboración. De los 35 países que la OCDE consideraba paraísos fiscales (gran parte de ellos coinciden con los del decreto de Solchaga) el año 2000, el organismo ha llegado a un compromiso con 28 de ellos para que vayan modificando sus respectivas legislaciones con el ánimo de intercambiar información a cambio de que desaparezcan de la lista negra. La idea consiste en sancionar a estos territorios, no por su régimen tributario propiamente dicho, sino en función de 'su grado de cooperación'. La tesis queda lejos de la idea inicial de la OCDE (lanzada en 1998) de apostar por una armonización fiscal a escala internacional, pero es más fácil de implantar, ya que cuenta con el respaldo de la actual Administración republicana de EE UU, opuesta a una armonización tributaria a escala internacional.
A finales del pasado verano, sólo siete países mantenían una posición abiertamente contraria a las tesis aperturistas de la OCDE, y con los que no se había llegado a ningún avance. Se trata de Andorra, Liechtenstein, Mónaco, Liberia, las islas Marshall, Nauru y Vanuatu. Gibraltar, incluido en la lista inicial de la OCDE, se ha comprometido a efectuar cambios legislativos. Hoy, el Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Dinero (Gafi), creado a instancias del G-7 (los siete países más industrializados), hará público un nuevo informe sobre la situación actual en la esfera internacional, no sólo referida a las áreas consideradas tradicionalmente como paraísos fiscales. De momento, Francia, uno de los miembros con más peso en el grupo, ya ha reconocido los progresos de algunos países, como Ucrania, en la lucha contra el blanqueo de capitales. En diciembre pasado, el Gafi aplicó sanciones a Ucrania por considerar que sus normas no son conformes al estándar internacional.