Andalucía recurre por segunda vez la Ley Financiera
El recurso de la Junta contra la Ley Financiera fue aprobado ayer por el Consejo de Gobierno y será presentado formalmente ante el TC el próximo lunes. El Gobierno andaluz, que replica así al recurso también ante el TC que anunció el Gobierno central el pasado viernes contra la adaptación andaluza a la Ley Financiera, acusa a la Administración central de no respetar las reglas del juego al intentar 'llevarse competencias' de la comunidad, en alusión al cambio de tutela administrativa que ha podido activar la caja cordobesa.
La consejera de Economía, Magdalena Álvarez, también le reprocha al Gobierno del PP que haya redactado una ley financiera a la medida de la entidad cordobesa sin que el TC haya sentenciado todavía sobre el primer recurso que interpuso el Ejecutivo central contra la Ley andaluza de Cajas de 1999, que obligaba a la jubilación del presidente de Cajasur, Miguel Castillejo, y rebajaba la actual presencia mayoritaria de la Iglesia en la caja.
Singularidad
A raíz de estas disposiciones de la ley autonómica, que quedaron en suspenso hasta que se pronuncie el TC, Cajasur reivindicó esta singularidad que le otorga la presidencia de la caja a la Iglesia y buscó el amparo de la Administración central. Esta tutela llegó con la Ley Financiera, aunque Álvarez insiste en que el Gobierno andaluz mantiene sobre Cajasur sus facultades de inspección y sanción.
En concreto, la Junta centra su recurso contra el artículo 8, contra la atribución que se reserva el Ministerio de Economía de regular la aprobación de los estatutos de Cajasur y los reglamentos, así como el presupuesto anual de la obra social si así lo solicita la entidad. Álvarez entiende que se vulnera así el artículo 18.1.3 del Estatuto de Autonomía.
La Junta también recurre que se pretenda fundar el 'trato diferenciado' a las cajas fundadas por la Iglesia en el Concordato de 1979 entre España y el Vaticano. 'La aplicación de un acuerdo internacional no puede justificar la alteración del sistema de distribución competencial establecido por la Constitución', advirtió Álvarez, que recordó además que 'el Concordato es de aplicación a instituciones de carácter benéfico o asistencial y no a las cajas'.
Por otra parte, la consejera también lamentó el 'trato desigual' que reciben los recursos del Gobierno y de las comunidades ante el TC, ya que mientras la decisión del Ejecutivo central conlleva la suspensión cautelar, no ocurre lo mismo en el caso de la Junta.