La inseguridad social
José María Zufiaur critica la propuesta del Gobierno de ampliar a toda la vida laboral el periodo para calcular la cuantía de las pensiones. El autor afirma que se trataría del mayor recorte sufrido por el sistema
El Gobierno de José María Aznar (cada vez más dado está el presidente a enfatizar que las acciones gubernamentales son iniciativas personales suyas) parece empeñado en presentarse como el campeón de la seguridad. De la seguridad frente a la delincuencia, ante la vejez, para acabar con el desempleo, para lograr el bienestar económico, frente al terrorismo internacional.
Este Gobierno que, fiel a su doctrina neoliberal, no ha cesado de clamar contra la excesiva regulación laboral, acaba de reformar nada menos que la tercera parte del código penal. Menos regulación laboral y más normas represivas. Una alternativa que nos retrotrae al liberalismo del siglo XIX.
Es probable, no obstante, que a golpe de leyes, y a falta de medidas preventivas (sociales, policiales), en lugar de acabar con la delincuencia se acabe únicamente aumentando la población carcelaria y disminuyendo las libertades individuales. Acercándonos, de esta manera, al nada envidiable modelo americano, en el que 2,1 millones de personas (de las cuales el 61% son negros e hispánicos y el 65% pobres) están en la cárcel: un modelo, el americano, de creciente criminalización de los parados, inmigrantes, pobres... y de transferencia masiva de fondos públicos desde los presupuestos sociales hacia el sistema carcelario.
Ya sabemos cuál es el pensamiento del Gobierno en cuanto al paro; no es empleo lo que falta, sino voluntad de encontrarlo
También asegura nuestro Gobierno que desea garantizar las pensiones (futuras) de los españoles, ampliando para ello el periodo de años a tomar en cuenta, para calcular la cuantía de las mismas, a toda la vida laboral (actualmente son 15 años los que se computan). Tal medida supondría el mayor recorte del sistema de pensiones que se ha producido en nuestro país. Una medida que, lógicamente, afectaría más a los más débiles, es decir a los que hayan tenido un historial más irregular de cotización: mujeres, trabajadores con contratos precarios, quienes hayan sufrido largos periodos de desempleo. Todo ello en un país en el que la pensión media del sistema contributivo es de 517 euros al mes y la del sistema no contributivo de 268,77 euros mensuales.
En Francia, ante la propuesta gubernamental, entre otras menos significativas, de retrasar la edad de jubilación (en nuestro país, la edad media real -la legal es a los 65 años - de jubilación se produce a los 63,4 años, en Francia a los 58 años) dos políticos centristas del país vecino, uno de centro-derecha, François Bayrou, y otro de centro-izquierda, Dominique Strauss-Kan, han propuesto que se realice un referéndum nacional aduciendo, con toda lógica, que una reforma importante de la protección social implica una opción de sociedad. El ex ministro socialista ha sugerido, además, que en esa consulta se pregunte a los franceses si prefieren la reducción del impuesto sobre la renta, que propone el Gobierno de Rafarin, o bien dedicar el montante de tal rebaja impositiva a incrementar las arcas del fondo de reserva de las pensiones. Supongo que tales propuestas no habrán pasado inadvertidas a la oposición española.
Para asegurar nuestro poder adquisitivo, el vicepresidente económico pretendía eliminar las cláusulas de revisión de los convenios colectivos, cuando nuestro país es de los poquísimos, sino el único, en Europa en que, con acuerdo interconfederal sobre incrementos salariales o sin él, los salarios se negocian con base en la previsión del inflación del Gobierno; y en el que, además, los salarios vienen creciendo sistemáticamente menos que la productividad. En cuanto al desempleo, ya sabemos cuál es el pensamiento del Gobierno: no es empleo lo que falta, sino la voluntad de encontrarlo. A fin de incentivar a los parados lo que habría que hacer, por lo tanto, es reducir o, mejor aún, eliminar las prestaciones de desempleo (que son financiadas, no hay que olvidarlo, y además muy holgadamente, por los propios trabajadores). Para crear empleo, en cambio, lo mejor, según el Gobierno, es aumentar las subvenciones a las empresas. Aunque el riesgo de esas políticas sea el de multiplicar los empleos degradados, que pueden mejorar las estadísticas del paro pero a costa del incremento de la precariedad laboral y de la inseguridad social. Desde el lado de la política económica, nada hay mejor para reforzar la seguridad de los ciudadanos que el déficit cero y políticas fiscales que benefician el ahorro de los más pudientes y perjudican el de los menos. Es decir, cuando la crisis arrecia y el porvenir es más inseguro, lo mejor es que el Estado se desentienda de las necesidades colectivas, presentes y futuras. Esa concepción sobre el papel del Estado es, probablemente, la que le llevó al presidente del Gobierno a afirmar, al principio de la crisis del chapapote, que el ejército iría a realizar labores de limpieza cuando las que realizaban los voluntarios fueran insuficientes.
No es más tranquilizadora la obsesión del Ejecutivo por implicarnos al precio que sea en la guerra imperial que ha decidido el presidente Bush. Una guerra que vulnera las bases del derecho internacional y el más mínimo principio de precaución, cuando está por medio el empleo de armas de destrucción masiva. Una guerra incomprensible e ininteligible. La cacofónica explicación de los motivos de esta guerra anunciada contra Irak por parte del secretario de Defensa norteamericano, Donald Rumsfeld ('la ausencia de pruebas no es la prueba de la ausencia de armas de destrucción masiva; hay cosas que sabemos que sabemos; hay otras que sabemos que no sabemos; finalmente, está lo que no sabemos que no sabemos') es la que ha hecho suya nuestro presidente. Una guerra contra la opinión mayoritaria de la ciudadanía. El orden centrista del Gobierno popular es, cada vez más, un profundo desorden; el pleno empleo prometido es más bien la plena precariedad; la revolución conservadora se traduce en involución social; la reducción de impuestos es sinónimo de más impuestos al consumo y de peores servicios públicos esenciales; la política de paz, una manera de implicarnos de lleno en una guerra de enormes costes humanos, económicos y geoestratégicos.
En suma, más que el campeón de la seguridad este Gobierno genera a chorros inseguridad social.