La juez pide la potestad del consejo del SCH para aprobar el pago a Amusátegui
Palacios ha solicitado al SCH diversa documentación que acredite que la entidad estaba autorizada a celebrar contratos como el que permitió al ex copresidente del banco, José María Amusátegui, cobrar 43,7 millones de euros en concepto de bono por jubilación, así como la habilitación del consejo de administración para la convalidación del contrato.
En la providencia de la jueza, que investiga la querella presentada por Francisco Franco Otegui (abogado y accionista del SCH, relacionado con Rafael Pérez Escolar, ex consejero de Banesto y condenado por el caso Banesto junto a Mario Conde), en contra de su presidente, Emilio Botín, y Amusátegui por un presunto delito societario, se pide que la asesoría jurídica del banco informe sobre 'el precepto o preceptos estatutarios u otras normas jurídicas que autoricen a celebrar contratos como el firmado en fecha 15 de enero de 1999', que fue en el que se acordó la jubilación del ex copresidente.
La resolución pide también que se informe sobre la habilitación del consejo para la convalidación del contrato, así como copia de los estatutos vigentes anteriores a la fusión entre el Santander y el BCH.
También se pide al banco que informe cuál fue la firma que llevó a cabo la auditoría externa en 1999, en el que se produjo la fusión entre las dos entidades bancarias.
Además, ha citado a un nuevo testigo en esta causa, José María Lamamié de Clairac, inspector del Banco de España que supervisó la fusión del Santander y el BCH para que comparezca el 13 de febrero.
Según la querella, Amusátegui habría percibido el dinero, en detrimento de los accionistas, como compensación por su salida del banco en agosto de 2001, con lo que se zanjaba la lucha de poder entre los dos copresidentes. El pago figuraba en las cuentas anuales del SCH de 2001 subapartado 'compromisos por pensiones y otros seguros'.
En la memoria de 2002 figurará la retribución que recibió el ex consejero delegado del banco Ángel Corcóstegui, por su jubilación a los 51 años en febrero de 2002.
La retribución se eleva a unos 113 millones, de los que el 50% corresponde a su sueldo y otro 50% es una provisión para su mujer en caso de viudedad.
CC OO calificó ayer de 'escandalosos' los pagos realizados por el SCH a Amusátegui y Corcóstegui, sobre todo si se tiene en cuenta que la plantilla 'ha venido sufriendo las consecuencias de una política de gestión basada, casi exclusivamente, en la reducción de costes'.