COLUMNA

Desmontando consensos

Ha debido creerse el Gobierno que destapando el frasco de las esencias ante los pensionistas puede tapar los efluvios contaminantes del Prestige y los vapores guerreros que emanan de sus laboriosos servicios a la causa de Bush, que no le huelen nada bien a los electores, como se deja sentir en las últimas encuestas. Si además se añaden las enrabietadas reacciones contra todo grupo social, plataforma, partido político o colectivo profesional, como el del cine, que haya osado criticar los comportamientos del Ejecutivo, se hace imposible concitar voluntades para hacer frente a cualquier crisis. Menos aún si en la exigencia de apoyo van incluidos el insulto y la descalificación.

No es de recibo dinamitar primero el camino del consenso y acusar de su ruptura después a quienes no se sometan acríticamente a los hechos consumados. Una conducta que el presidente Aznar ha practicado dentro de España, acudiendo al Parlamento tarde y con un pésimo talante, y en la UE, urdiendo la carta de los ocho gobernantes inclinada hacia las tesis de Washington en detrimento de la posición común de los Quince, adoptada la víspera de la penúltima reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.

Para colmo, los dirigentes del PP han terminado atribuyéndose en el debate parlamentario de ayer -hubo más monólogo del presidente que debate- la exclusividad de estar actuando en el marco de la UE.

En su trepidante carrera hacia la ruptura de algunos consensos básicos que han ido forjándose en el recorrido democrático de los últimos 20 años, el Gobierno del PP ha metido el pie en uno de los que más arduamente se lograron, el de la pensiones de la Seguridad Social.

Primero cristalizó en el campo parlamentario con el Pacto de Toledo a finales de la última legislatura gobernada por el PSOE y se materializó un año después en el pacto social suscrito por los sindicatos UGT y CC OO con el primer Gobierno popular. Fue en éste donde se acordó garantizar por ley el pago de las desviaciones del IPC a los pensionistas, pero llevamos un mes de campaña publicitaria contratada por el Ministerio de Trabajo presentando esa paga como un hecho graciable del Gobierno con el que cumple lo que él ya había dicho.

También el Fondo de Reserva de la Seguridad Social fue acordado en el mismo pacto y ahora lo exhibe como propio el mismísimo presidente ante un acto de su partido con jubilados. Más que advertir innecesariamente de las aviesas intenciones de la oposición de meterle mano a esa caja si llega al Gobierno, porque contribuyó a crearla con su voto en el Parlamento, podría haberse guardado de meter la suya en el superávit de la Seguridad Social (el 0,7% del PIB), utilizado en parte para cuadrar el déficit del Estado mientras mantenemos el gasto social seis puntos por debajo de la media europea y la mayoría de las pensiones contributivas siguen sin llegar al salario mínimo interprofesional.

Tampoco las viudas que ahora protagonizan la segunda fase de la publicidad ministerial le deben al Gobierno la subida de sus pensiones en un punto porcentual, sino a la renovación del pacto mencionado. Y las pensiones no contributivas (PNC) fueron acordadas con el Gobierno socialista en 1990, tras ser reclamadas por los sindicatos en las negociaciones que siguieron a la huelga general del 14-D (1988).

Está muy preocupado el señor Aznar por el electoralismo que han hecho con estas pensiones varias comunidades autónomas (alguna gobernada por el PP), pero de no atajarse mediante el mayor consenso posible, la ley anunciada para impedir los complementos autonómicos de dichas prestaciones será a su vez un golpe electoralista contra el marco negociador en el que se vienen abordando todas las cuestiones relacionadas con el sistema de pensiones.

Nada se ha dicho sobre el rasero que se va a emplear para igualar las PNC, si se hará al alza o a la baja, pero lo que sí es seguro que presionará a la baja sobre la generalidad de las pensiones contributivas es la ampliación del periodo de cálculo de las bases reguladoras a toda la vida laboral.

No sólo no está de más, sino que puede echarse de menos que quienes son corresponsables del actual andamiaje de las pensiones no hayan llamado ya la atención al Gobierno acerca de su indebida apropiación propagandística de los avances y mejoras acordadas en materia de pensiones. Están absolutamente legitimados para hacerlo y además, por precaución (imprescindible tras la experiencia reciente del decretazo), es preferible poner las cosas y a cada cual en su sitio, antes de que el Gobierno se crea que puede campar a sus anchas sin que nadie le tosa y nos veamos embarcados de nuevo en otra espiral de reformas impuestas, conflictos para deshacerlas y confusión sobre si se ha vuelto al punto de partida o se han quedado por el camino de retorno algunos derechos sociales.