La Agencia Tributaria asegura que los CD piratas dan más beneficio que el hachís
Una de las líneas de investigación que potenciará la Agencia Tributaria este año es la referida a la industria discográfica. El Ministerio de Hacienda ha elaborado un plan especial para luchar contra la piratería audiovisual, especialmente el contrabando y distribución de CD (discos compactos), vídeos y DVD falsificados. Se busca no tanto la persecución de los que venden estos productos (inmigrantes en su mayoría), sino de las grandes tramas que los sustentan y que se llevan la mayor parte del beneficio. Y es que los técnicos de la administración están alarmados por el volumen de fraude que se está llegando a acumular. 'Los beneficios derivados por la comercialización y venta de un kilo de CD en la calle (top manta) son cinco veces superiores a los que genera un kilo de hachís', reconoció ayer Nicolás Bonilla, director del departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia.
Aunque no hay cifras oficiales al respecto, la Asociación Fonográfica y Videográfica de España (AFVE) calcula que el fraude en el sector ha superado ya el 30% del mercado. Eso es tanto como decir que la piratería mueve ya en España cerca de 150 millones de euros y que la hacienda pública pierde más de 42 millones por el dinero que está dejando de ingresar por esta actividad fraudulenta.
Junto a la piratería audiovisual, la administración tributaria se esforzará este año en un mayor control sobre los impuestos especiales. Ayer mismo fueron detenidas dos personas relacionadas con una trama para defraudar más de 4 millones de euros en el impuesto sobre el alcohol. La banda utilizaba una vinagrera, domiciliada en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), que recibía alcohol y vino, sin pagar impuestos. Las ramificaciones se extienden a Jerez y El Puerto de Santa María.
Los impuestos especiales financian también a las comunidades autónomas y completan los ingresos que obtienen por tributos propios. Valencia aumentó en 2002 un 25,57% su recaudación por impuestos propios, hasta alcanzar los 1.578,36 millones de euros, según informaron ayer fuentes de la Generalitat.