Bruselas y París se enfrentan por las ayudas a France Télécom
La Comisión Europea inició ayer una investigación formal para verificar si el Gobierno francés ha violado las normas de la competencia con la línea de crédito de 9.000 millones con la que rescató el pasado mes de diciembre a France Télécom. Apenas cuatro años después de la batalla sobre el apoyo público al banco Crédit Lyonnais, Bruselas y París vuelven a las trincheras para defender sus respectivas interpretaciones sobre el concepto de ayuda de Estado. Las escaramuzas se iniciaron entonces en 1995, cuando París anunció un plan de rescate ante las dificultades del emblemático banco público. Las condiciones impuestas por Bruselas para autorizarlo llevaron a la privatización total de la entidad en 1999.
Ahora, el Gobierno de Jacques Chirac ha acudido en socorro de la operadora France Télécom, otra multinacional con participación estatal que atraviesa serios apuros. París ha optado esta vez por una vía mucho más sofisticada, mediante la concesión de una línea de crédito que ha servido de aval a la empresa para lograr la financiación que le negaba el sector privado.
El Departamento de Competencia de la CE reconoce la originalidad de la nueva fórmula, pero no se ha arredrado ante la 'complejidad de una transacción financiera' que, a su juicio, puede constituir 'una ayuda de Estado' encubierta. La CE intentará dilucidar si las condiciones del crédito responden a las que France Télécom hubiera obtenido en el mercado. Bruselas exige al Gobierno francés que demuestre que la operación hubiera sido aceptable para un inversor privado.
La Comisión recuerda en este sentido que, durante 18 meses, la compañía fue incapaz de atraer capital en el mercado de bonos a causa de la deuda de 15.000 millones de euros que lastraba su balance. Bastó el anuncio de la línea de crédito estatal para que los inversores volvieran a confiar en la operadora.
La condición de accionista del Estado francés justifica, según París, un apoyo público para sanear la compañía. El Gobierno galo asegura que el préstamo, que no se ha llegado todavía a utilizar, conlleva el pago de intereses y, en caso de ejecución, sólo supondría un adelanto a la ampliación de capital prevista por la operadora a la que el Estado piensa acudir.
Si la CE concluye que el crédito viola las normas comunitarias, podrá exigir al Estado que recupere la ayuda.
Exenta de impuestos
La CE ha aprovechado la apertura del expediente para cuestionar también el privilegiado tratamiento fiscal que recibe la operadora. Así, ayer inició también una investigación sobre los beneficios fiscales de France Télecom, por los que ya se presentó una queja en 2001.
Desde 1990, la operadora se encuentra exenta por ley de la aplicación del Código Fiscal francés. Entre 1991 y 1994, la compañía ni siquiera tuvo que abonar el impuesto de sociedades. Después se ha beneficiado de un cálculo favorable sobre sus obligaciones fiscales. 'Las características de esta estructura fiscal parecen cumplir todos los criterios que, según el actual Tratado de la UE, definen una ayuda de Estado', afirmó ayer la CE, que tiene 'serias dudas sobre la compatibilidad de tal ayuda con las normas de competencia que rigen en el mercado'.
Desde 1994, el Estado calcula la base imponible de France Télécom según las normas del antiguo monopolio telefónico. El cálculo sólo tiene en cuenta la sede principal y la base resultante se reduce en relación a los impuestos que pagan otras empresas. El tipo de imposición también es menor.
El año pasado, la CE ya inició otra investigación sobre las ayudas públicas al monopolio eléctrico EDF.