España es de los países de la UE que menos favorece la fiscalidad de las pymes
Desde enero de 2002 pueden acogerse a un tipo reducido de gravamen en el impuesto sobre sociedades las empresas con una cifra de negocio inferior a los cinco millones de euros. Esto supone la posibilidad de acogerse a un tipo del 30% para los 90.151,81 primeros euros de beneficio y del 35% para el resto. La medida parece peccata minuta en comparación con las rebajas adoptadas para este año en Irlanda, el Reino Unido y Bélgica. Al menos así puede desprenderse del informe que la Comisión Europea (CE) acaba de enviar al Consejo y al Parlamento para dar cuenta del grado de aplicación en la Unión Europea (UE) de la Carta Europea de las Pequeñas Empresas.
La CE considera que los esfuerzos de Bélgica, Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido en materia fiscal 'deben ser aplaudidos' y servir de ejemplo de buenas prácticas para otros países. Sin ir más lejos, España podría tomar ejemplo de Irlanda, donde han fijado, en un tipo único del 12,5%, el gravamen del impuesto de sociedades. Además, ha simplificado la declaración del impuesto para los negocios con ingresos inferiores a 254.000 euros.
En el Reino Unido se ha pasado de un 23% a un 19% el gravamen para empresas con beneficios entre 75.700 euros y 454.200 euros. Y para las que obtengan beneficios por debajo de 15.140 euros su gravamen será 0%.
Bélgica, con los tipos más altos de la UE, realiza un gran esfuerzo al introducir rebajas hasta de siete puntos, que dejan su tipo más alto en el 34%.
Pero el impuesto de sociedades no es el único que ha centrado la atención de los países de la UE en materia de fomento a la pyme. Dinamarca, Noruega y, a corto plazo, Grecia aligeran y simplifican las obligaciones de las empresas de cara al IVA. España no aparece entre la lista de países que hayan adoptado o vayan a adoptar medidas similares.
En cuanto a la fiscalidad relacionada con la I+D, la CE destaca la medida adoptada por Noruega. En este país, las pymes del sector de industria, comercio y agricultura que tengan menos de 100 trabajadores disfrutarán de un crédito fiscal del 20% de los gastos anuales de I+D hasta un tope de unos 500.000 euros.
En el caso español, la CE destaca las medidas adoptadas para el fomento del comercio electrónico entre las pymes. Pero no en referencia a los incentivos fiscales en este ámbito, sino por haber puesto en marcha el programa Prince XXI. Se trata de un convenio entre el Consejo Superior de Cámaras de Comercio y el Ministerio de Ciencia y Tecnología para ayudar a las microempresas industriales a introducirse en el comercio electrónico.
Aprobado en financiación
Si en algo destaca España, según el informe de la CE, es en las ayudas a las pymes para que puedan acceder a sistemas de financiación en condiciones ventajosas. La Comisión resalta la puesta en marcha de la Línea de Microcrédito ICO, centrada, sobre todo, en las mujeres emprendedoras, personas mayores, minusválidos e inmigrantes.
También entiende la CE que Finlandia y España son particularmente activas, dentro del panorama europeo, en la puesta en marcha de sistemas de capital riesgo para las inversiones en empresas tecnológicas.
Al margen de este aspecto, España está lejos de ser un ejemplo para el resto de los países de la UE. El informe destaca que una de sus finalidades es poner en la palestra las iniciativas más destacadas de los Estados miembros. El objetivo, aprender unos de otros. Así, por ejemplo, Países Bajos y Finlandia han sido un ejemplo para Suecia en materia de garantía de préstamos o Bélgica se ha inspirado en Dinamarca, Francia y Austria al adoptar una nueva política de grupos de empresas. España no aparece como un modelo a seguir.
El informe analiza los esfuerzos realizados por los países miembros en materia de educación de la iniciativa empresarial. Y también dedica un amplio espacio a las medidas para agilizar los trámites y abaratar los costes de registro de empresas de nueva creación. En ninguno de estos aspectos los programas adoptados en España merecen una mención interesante por parte de la Comisión.
En cuanto al grado de implantación de la normativa comunitaria en la legislación nacional, el informe da un suspenso casi general. Dos de cada tres países, todos menos Dinamarca, Países Bajos, Finlandia, Suecia y el Reino Unido, incumplen el calendario previsto. España, no es la excepción.
La Comisión estudia lo que los países le cuentan
Para analizar el nivel de aplicación de la Carta Europea de las Pequeñas Empresas, la Comisión estudia los informes que cada uno de los países de la UE le envía. En el caso español, la documentación parte de la Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa (DGPyme), a cuyo frente está María Isabel Barreiro. Esta dirección, dependiente del Ministerio de Economía, al ser preguntada por el mayor logro de España respecto a la mejora del marco empresarial para las pymes responde que es el proyecto Nueva Empresa. Algo que ya había anunciado en el informe anterior y también, entonces, como proyecto. Se trata de una iniciativa, actualmente en el Senado, para favorecer la creación de empresas muy pequeñas. En esencia, reducirá a la mínima expresión todo el papeleo de los micronegocios que adopten la forma de una sociedad limitada. Como medidas fiscales, este tipo de empresa tan sólo podrá aplazar el pago de impuestos (pagando, además, interés de demora), Pero no recoge un menor tipo de gravamen o bonificaciones especiales. El plan INFO XXI, puesto en marcha por el Gobierno en 2001, es el otro logro que la DGPyme destaca en el dossier que ha enviado a la CE.