Un juez obliga a Verizon a identificar a un internauta
La industria discográfica dio el pasado mes de julio un salto cualitativo en su lucha contra la piratería en la Red. La RIAA solicitó a Verizon, una de las primeras operadoras de telefonía del país y proveedora de Internet, la identificación de un usuario especialmente activo en el intercambio de ficheros de música en la Red. Hasta 600 de estas carpetas se llegaban a mover al día gracias a los servicios de intercambios de ficheros puestos en marcha por los herederos de Napster (KazAa o Morpheus, entre otros portales). Para la industria, esta actividad es la mayor amenaza a la viabilidad del negocio.
Por ello, amparándose en la Ley de 1998 Digital Milenium Copyright, la RIAA emitió al proveedor del servicio de Red de este usuario, Verizon, una demanda no judicial para que se le identificara. La ley permite que se eviten los tradicionales procedimientos judiciales para obtener la colaboración de terceros en su lucha contra la piratería. Sin embargo, la legislación da a los proveedores de Internet inmunidad frente a acusaciones siempre y cuando cooperen al retirar páginas o cierto tipo de mensajes.
Excepción a proveedores
Por ello, Verizon consideró que sin pasar por los trámites judiciales y sin una demanda legal el procedimiento contaba con un defecto de forma. La RIAA llevó a la telefónica a los tribunales, donde Verizon se ha defendido diciendo que el atajo judicial que permite la ley de 1998 se tiene que aplicar restrictivamente en nombre del derecho a la privacidad y no atañe a los proveedores. Además, aduce que el material presuntamente pirata no se puede encontrar en la Red, sino en el disco duro del ordenador del presunto pirata.
Pero el juez de distrito de Washington John Bates ha dado la razón a la RIAA y ha ampliado los términos de la ley basando su decisión en el 'vacío legal que se crearía en la lucha por el reconocimiento de los derechos de autor'. Verizon dijo el martes pasado que recurrirá la decisión de este juez, por lo que se abre un proceso judicial en toda regla por el alcance del derecho a la privacidad y la que hasta ahora se consideraba obligación de las empresas de proteger los datos de sus clientes.
Para Sarah Deutsch, vicepresidenta y consejera general de la compañía, la decisión del tribunal 'tiene ramificaciones muy complejas para los consumidores, los proveedores de servicio y el crecimiento de Internet'. Más aún, Deutsch advierte que la decisión del juez Bates abre la puerta a cualquier demanda, no necesariamente judicial, por cualquier sujeto jurídico que alegue en cualquier tipo de conflicto de derechos, lo que puede hacer multiplicar las demandas de este tipo.
En suma, cualquier sospecha podría permitir que un presunto agraviado 'tenga completo acceso a la información de un sujeto privado sin que los derechos de este suscriptor estén protegidos por los tribunales', aseguraba Deutsch en un comunicado oficial de Verizon.