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Transparencia

Rato limita la obligación de informar de los cajeros a las comisiones máximas

Los cajeros tendrán que informar de la comisión máxima y demás gastos adicionales que cobrarán a los clientes que saquen efectivo en entidades diferentes a la emisora de su tarjeta o libreta. Pero cuando el usuario retire dinero de un cajero de su entidad financiera tendrá que conocer el coste exacto que le cargará. El usuario podrá cancelar la operación, una vez conocido el coste.

æpermil;stos son los puntos principales de la orden ministerial de Economía que anunció ayer el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, de forma sorpresiva en una visita al polígono industrial de la localidad madrileña de Parla.

Con esta decisión, el ministerio acepta las principales reclamaciones de bancos, cajas y sociedades de medios de pago. Objetaban que informar de la comisión exacta generaría un alto coste en software y además supondría intercambiar datos confidenciales de los clientes con entidades rivales, lo que vulneraría las reglas de la competencia. Calificaron, además, como insuficiente el plazo de tres meses para adaptar los cajeros que pretendía el último borrador.

El proyecto de orden sobre transparencia de los precios de los servicios bancarios en cajeros amplía este plazo a seis meses desde que se publique en el BOE para que los terminales ofrezcan la información sobre clientes del propio banco, caja o cooperativa y de doce meses para mostrar la comisión máxima. En cualquier caso, las operaciones a débito, la mayoría, no llevan comisión para el cliente en su propia entidad. Las realizadas a crédito sí, pero son mucho menores en volumen y número.

Rato explicó ayer que el texto acaba de ser enviado al Consejo de Estado y hoy será analizado por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. El ministro señaló que la medida 'tendrá consecuencias muy positivas sobre la competencia entre entidades financieras, muy avanzada ya en España, y también tendrá consecuencias positivas para los consumidores, que se beneficiarán de mayor transparencia'.

Detalle de las operaciones

La orden, anunciada en plena precampaña electoral, también incluye una nueva exigencia. Las entidades tendrán que enviar al cliente, al menos una vez al mes, el detalle de las operaciones realizadas en cajeros con comisiones y gastos añadidos. Estos costes que Economía detalla al margen de la comisión se referirían a posibles cargos derivados de futuras transacciones como las aplicaciones con móvil en los cajeros, apuntan las entidades financieras.

La norma sólo afecta a retiradas de efectivo y consultas de saldo, las transacciones más usuales. Pero la norma dará potestad al Banco de España para que incluya en este régimen otras operaciones que en el futuro puedan alcanzar 'un volumen o repercusión significativos', informa el ministerio.

La Asociación Española de Banca (AEB) y las sociedades de medios de pago han valorado positivamente la medida. 'Estamos satisfechos de colaborar con una mayor transparencia e información, aunque los niveles actuales del sector son muy elevados', dijo un portavoz de la AEB.

Servired cree que 'es un esfuerzo tecnológico, pero asumible', afirmó un portavoz. El consejero-director general de 4B, Alfonso de la Viuda, también acogió favorablemente los cambios y recordó que aunque suponen un coste 'éste será menor'. El plazo es 'razonable' y el gasto será 'independiente del número de cajeros', señáló Carlos Reig, director de consultoría de entidades de NCR, primer fabricante de cajeros y aplicaciones.

Norma polémica

La elaboración de esta orden ha estado marcada por la polémica. Fue la anterior ministra de Sanidad y Consumo, Celia Villalobos, la que abanderó un proyecto de mayor transparencia en cajeros, algo que fue mal acogido por las entidades y causó malestar en el ministerio de Rato. Tras la salida de Villalobos del Gobierno, su sucesora Ana Pastor también quiso mostrar públicamente su implicación en la orden. Finalmente, ha quedado en manos de Economía.

Por otra parte, Diners Club España ganó 1,8 millones de euros en 2002, un 8% más. La emisora, participada por el SCH y La Caixa, prevé emitir más de 50.000 tarjetas de empresa en tres años.

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