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Columna
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Internet democratiza las empresas

El Informe de la Comisión Especial para el Fomento de la Transparencia y Seguridad en los Mercados y en las Sociedades Cotizadas, que los quince miembros de la denominada Comisión Aldama acaban de entregar a Rodrigo Rato, es un paradigma de la importancia que las nuevas tecnologías de la comunicación va a tener para el buen gobierno de las empresas. Como recuerda el informe, en los mercados financieros la información es la piedra angular sobre la que descansa todo el sistema, e Internet es un poderoso canal de comunicación que democratiza la información disponible.

En el buen gobierno de las empresas Internet es hoy la apuesta para sustituir progresiva y eficazmente los mecanismos más tradicionales de información y permitir que ésta sea más extensa y eficaz, pero también es una llave para acceder a la interactividad, tanto para demandar esa información como, sobre todo, para que los accionistas intervengan más activamente en la toma de las decisiones societarias, reforzando su papel de protagonistas.

Recomienda la Comisión Aldama que todas las empresas que cotizan en Bolsa tengan una web corporativa donde se informe a los accionistas, inversores y mercados de los hechos más significativos, y establece un contenido típico y mínimo para esa información: los estatutos sociales, los reglamentos de la junta y el consejo, informes trimestrales y anuales, composición del consejo y de sus comisiones, identificación de los accionistas, pactos parasociales, participaciones accionariales de los consejeros, autocartera, presentaciones a los operadores del mercado, convocatorias de juntas de accionistas y acuerdos de las mismas. Además se recomienda incluir un resumen de los informes emitidos por los analistas que siguen la sociedad de manera continua.

La web permite también actualizar permanentemente el informe anual de gobierno corporativo, otra de las recomendaciones destacadas de la Comisión Aldama, que debe recoger en un texto único la información y disposiciones referidas a temas como la estructura de la propiedad y de la administración de la sociedad, las operaciones vinculadas e intragrupo, los sistemas de control de riesgo o el funcionamiento de la junta de accionistas.

Pero lo más significativo es que una web interactiva facilita el ejercicio de los derechos societarios, como la petición de información, y permite votar por Internet en las juntas de accionistas, una posibilidad que recientemente acaba de contemplar y bendecir la legislación española.

La Comisión Aldama propugna que en la web se incorpore el contenido íntegro de todas las propuestas de acuerdo que se vayan a someter a las juntas de accionistas, incluyendo una justificación de los mismos en términos precisos, inteligibles y útiles, y algo más importante y que ha sido poco destacado, que los socios tengan allí una vía para solicitar la incorporación de sus propias propuestas al orden del día, o formular propuestas alternativas a las ya incluidas en las reuniones del órgano de control y de decisión básico en la vida de las empresas.

La posibilidad de utilizar Internet para que los accionistas recuperen el protagonismo, proponiendo puntos adicionales al orden del día de las juntas y, por supuesto, para comunicárselos a los demás socios y votarlos, es la reforma más avanzada propuesta por la Comisión Aldama.

Para instrumentar ese proceso hay que desarrollar la firma digital, un archivo que se adjunta al correo electrónico y que permitiría a las receptores del mensaje tener la seguridad de que el contenido del voto no ha sido alterado en el camino y que el remitente es quien dice serlo, y para ello es necesario sustituir el actual Real Decreto 14/1999 por un nuevo texto legal que aumente la seguridad jurídica y que, sobre todo, sea más operativo y tenga más arraigo social.

Ya hay un borrador para un nuevo decreto sobre firma electrónica, cuya novedad más atractiva es la creación de un DNI electrónico que permitirá identificar y autentificar a los ciudadanos en sus relaciones telemáticas. Ese texto legal debería imprimirse urgentemente en las páginas del Boletín Oficial del Estado para que Internet abra una ventana por la que el aire de la democracia entre pronto en el gobierno de las empresas.

El informe de la Comisión Aldama avanza en la defensa de los intereses de los pequeños accionistas poco más que el Código de la Comisión Olivencia, pese a que ha sido redactado con un clima social mucho más favorable a las reformas y a los cambios. En este sentido, habrá decepcionado a muchos, pero nadie le quitará a sus miembros el mérito de haber sido los primeros en apostar en España por Internet como una herramienta decisiva para el buen gobierno de las empresas. Ahora, que el Gobierno siga sus consejos.

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