La Administración licitará servicios de 'telecos' por 200 millones hasta marzo
Las diferentes Administraciones públicas han cogido el guante lanzado por Piqué y han sacado o sacarán a concurso servicios de telecomunicaciones valorados en 200 millones de euros durante el primer trimestre del año. Entre todas las licitaciones, brilla con luz propia la del Ministerio de Defensa, tanto por el procedimiento que está llevando a cabo como por el volumen, de 90 millones de euros.
El departamento que encabeza Federico Trillo convocó a 500 altos cargo del ministerio a una reunión en el Centro de Defensa Estratégica, en la que se elaboró un plan director de las telecomunicaciones de Defensa que planteaba la realidad y las necesidades para los próximos años. De estos preparativos salió un documento explicativo de los requerimientos del ministerio, en un procedimiento que las operadoras califican de modélico. También siguiendo las mejores prácticas aconsejadas por Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Defensa ha separado en cuatro bloques los servicios de telecomunicaciones y ha sacado a concurso los datos -que representan la mitad del presupuesto-, la telefonía fija, la móvil e Internet.
Sin llegar a los extremos de Defensa, otros dos ministerios han dado los primeros pasos para liberalizar sus telecomunicaciones. Trabajo está licitando un servicio de intranet de acceso remoto, en un proyecto que varias telefónicas han definido como 'muy interesante' y que permitirá, por ejemplo, que los inspectores levanten actas en el momento y en el lugar que consideren oportuno. El departamento de Piqué, por su parte, ha sacado a concurso una red de datos de alta capacidad, en una licitación que fuentes del sector califican de reducida en su cuantía, pero 'simbólica'.
Cuatro años de contrato
El ministerio más madrugado, sin embargo, ha sido el de Administraciones Públicas. El organismo que dirige Javier Arenas acaba de adjudicar sus telecomunicaciones en dos lotes: el primero, de telefonía fija y datos, y el segundo, de móvil. La unión temporal de empresas formada entre BT Ignite e Informática El Corte Inglés ha desbancado a Telefónica y a IBM e Iberbanda y se ha hecho con las telecomunicaciones básicas y los datos del ministerio para los próximos cuatro años, en un contrato valorado en 20 millones de euros. Telefónica Móviles, por su parte, ha resultado vencedora en el campo de la telefonía celular.
Más allá del Gobierno central otras muchas Administraciones y organismos dependientes han seguido las recomendaciones liberalizadoras. La Comunidad Autónoma de Navarra, por ejemplo, está licitando su servicio de telefonía fija por dos millones de euros, en un proceso que llega hasta las universidades, como lo demuestra el concurso de provisión de servicios básicos de la de Murcia.
En total, según fuentes del sector y de la Administración consultadas, durante este trimestre las operadoras de telecomunicaciones españolas pueden hacerse con contratos valorados en 200 millones de euros. Este proceso ha sido muy bien recibido por los actores de la telefonía nacional, que lo venían reclamando desde hace tiempo, con una presión que se ha intensificado en los últimos meses.
Una de las principales críticas de los nuevos operadores era, precisamente, la escasa participación de compañías ajenas a Telefónica en los servicios de telecomunicaciones de las Administraciones públicas a cinco años de la liberalización del sector. De hecho, el propio regulador del mercado, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, no sacó a concurso sus servicios de telefonía hasta el último mes del año pasado. Auna Grandes Clientes, Vodafone y Colt Telecom se hicieron con la telefonía fija, móvil e Internet, respectivamente, del árbitro del sector.
Estas últimas licitaciones demuestran que la casi omnipresencia de Telefónica como suministrador de telefonía empieza a limitarse. Fuentes de los operadores alternativos aseguran que esto se debe a la exigencia de sacar a concurso las telecomunicaciones por lotes, separando cada servicio. De esta forma, añaden, telefónicas más pequeñas y menos globales pueden hacer ofertas más competitivas, algo que no sucedía cuando las licitaciones se hacían por bloques completos, donde la capacidad de Telefónica en precios y variedad de servicios barría a toda la competencia.
Otras fuentes, sin embargo, apuntan a que estos concursos han buscado más el equilibrio en el reparto de la tarta que las mejores ofertas. Sobre todo, insisten, después de las polémicas que han levantado determinados concursos ganados por Telefónica y que han sido impugnados por sus rivales.
La telefonía del Ayuntamiento de Madrid, para Colt y Telefónica
El Ayuntamiento de Madrid resolvió en el último pleno del año pasado la adjudicación de todos sus servicios de telecomunicaciones internos y externos con un valor superior a 14 millones. Los adjudicatarios fueron Telefónica y Colt Telecom, que rivalizaron en la contienda con Retevisión y BT Ignite. La adjudicación se hace para el periodo 2003 a 2005.Conforme a las recomendaciones, el Ayuntamiento de Madrid dividió la licitación por bloques. Dos de ellos fueron ganados por Telefónica, Colt Telecom se adjudicó un tercero, mientras que el cuarto se declaró desierto y se contratará mediante un procedimiento negociado sin publicidad. Madrid lo ha hecho a finales de 2002, pero otros organismos de la Administración se adelantaron incluso a las recomendaciones del Ministerio de Ciencia y Tecnología y ya han liberalizado total o parcialmente sus telecomunicaciones. Es el caso del Ministerio de Sanidad, que adjudicó a Retevisión -hoy Auna Telecomunicaciones- sus servicios de telefonía fija, del Ministerio de Medio Ambiente, la Dirección General del Catastro, la Dirección General del Tesoro y la Intervención General de la Administración del Estado. A nivel municipal, también se adelantaron el Ayuntamiento de Málaga y la Diputación de Cádiz. Un caso peculiar de introducción de la competencia en sus telecomunicaciones es el del Gobierno vasco, que terminó en bloque con el monopolio que tenía Telefónica y ha adjudicado en diferentes concursos todos sus servicios a la operadora Euskaltel, en la que tiene una participación significativa. Según estimaciones realizadas por la patronal de las operadoras alternativas, Astel, el negocio completo de las telecomunicaciones públicas asciende a 1.200 millones de euros, de los que 189 millones corresponden a la Administración central, 150 millones, a las autonomías, y el resto, a los ayuntamientos.