Hacienda creará un registro de deuda de las regiones para controlar el déficit
El Gobierno está dispuesto a llevar a rajatabla los compromisos adquiridos de supervisión de las finanzas de las Administraciones territoriales, en coordinación con el Consejo de Política Fiscal y Financiera, órgano en el que están representados el Ejecutivo central y las comunidades.
Según contempla la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en vigor desde 2002, el Ministerio de Hacienda podrá recabar de las comunidades autónomas la información que permita la medición del grado de realización del objetivo fiscal que a cada una corresponda alcanzar, con arreglo a las normas del sistema europeo de cuentas nacionales. La ley faculta también al Gobierno a crear, si así lo desea, un registro en donde se computen todas las operaciones relacionadas con el endeudamiento de las Administraciones territoriales. El Banco de España colabora ya con la Intervención General del Estado (Igae) en el suministro de información relacionada con las operaciones de crédito de las comunidades, pero falta el citado registro, que formalice y amplíe estas competencias.
De hecho, el Ministerio de Hacienda se halla inmerso en la elaboración del reglamento de la Ley de Estabilidad, en el que el Gobierno tiene la intención de desarrollar esta facultad. La central de información tendrá carácter público, garantizando el principio de transparencia en las cuentas de las Administraciones. Aglutinará datos sobre las operaciones de crédito, la emisión de deuda o cualquier otra apelación o asunción de riesgos, y las cargas financieras de ellas derivadas, concertadas por los Gobiernos regionales y demás sujetos de ella dependientes. Los bancos, cajas de ahorro y demás entidades financieras, y las distintas Administraciones públicas deberán remitir su información a la citada central.
La central de riesgos recabará datos también sobre las operaciones de crédito de las corporaciones locales (ayuntamientos, diputaciones y provincias), que están obligadas, al igual que las comunidades, a mantenerse en equilibrio y controlar su deuda en los próximos años. Los datos de la central de información de riesgos facilitarán a Hacienda la toma de decisiones, entre las que se encuentra la autorización a las comunidades de la emisión de deuda para financiarse.
Aunque aún no se sabe cuándo quedará ultimado el reglamento, la intención del Gobierno es sacarlo adelante en el presente año. No obstante, el Ejecutivo está siendo muy cuidadoso de coordinar sus decisiones con los Gobiernos regionales, una vez que consiguió hace un año cerrar un nuevo modelo de financiación autonómica, en el que aún colea su liquidación efectiva. De hecho, los ajustes pendientes del modelo, unidos a la desaceleración económica, han provocado que en 2002 las comunidades no vayan a cumplir con su objetivo de déficit cero (se espera un desfase negativo del 0,5% del PIB), lo que ha provocado que tampoco se vaya a conseguir para el conjunto de las Administraciones públicas, como ha reconocido el Gobierno. Mientras tanto, prosigue el aumento del endeudamiento de las Administraciones territoriales. Hasta septiembre, las comunidades acumulaban una deuda de 41.897 millones de euros, un 6,4% más sobre el mismo periodo del año anterior. Casi la mitad (46,8%) procede de emisión de obligaciones en euros. Otro 30% se ha obtenido de créditos de entidades financieras (bancos, cajas e ICO).