Caos legal en el comercio
Las iniciativas de la Comisión Europea para una armonización legislativa y mayor competitividad en el sector comunitario de la distribución comercial tienen su origen en el impulso al mercado interior dado en el Consejo de Lisboa. En el caso español, suponen una excelente oportunidad para, a medida que se vayan concretando, poner fin al desbarajuste competencial y jurídico imperante en la actualidad.
El caos normativo español tiene su origen en una mala Ley de Comercio, aprobada con calzador en el último pleno de la última legislatura socialista. Los parches introducidos en los posteriores Gobiernos del Partido Popular no han conseguido corregir esta ley en sus aspectos esenciales ni tampoco acabar con la guerra latente entre todos los agentes que intervienen en el sector.
Lejos de poner orden en una actividad esencial para el funcionamiento de la sociedad y que en España emplea a más de 2,5 millones de personas, la Ley de Comercio ha generado una disparidad de normas autonómicas y locales sobre prácticas comerciales, horarios de apertura y condiciones para la instalación de los establecimientos que, en la práctica, han supuesto un freno a la competitividad del sector, con efectos abiertamente negativos sobre el empleo y la inflación. Ha sido también una rémora a la modernización de la actividad comercial, imprescindible para adaptarse a las exigencias de una sociedad cuyo dinamismo ha convertido en obsoleto el modelo de distribución tradicional.
Estos crecientes obstáculos a la libertad y la competitividad en el comercio existentes en España son, precisamente, el eje fundamental de las iniciativas de la Comisión Europea. Bruselas -que, sin citarlo, describe un caso como el español- quiere poner fin a la discrecionalidad y a la confusión jurídica imperante, cuyo perjuicio recae directamente, como destaca la propia Comisión, sobre las pymes y sobre los consumidores, auténticas 'víctimas' de la guerra de intereses entre grandes y pequeños comerciantes, por un lado, y entre el Estado y las comunidades autónomas, por otro.
Sobre las pymes, porque las restricciones existentes inciden en un aumento de los costes de expansión y las colocan en desventaja ante las grandes empresas para acceder, vía absorción, a nuevos mercados. Y sobre los consumidores, porque los mayores costes de implantación de los establecimientos comerciales y las trabas a la competencia repercuten posteriormente en los precios de los productos y en la calidad de los servicios.
Parece oportuno que tanto las Administraciones como los agentes económicos implicados aprovechen estos proyectos comunitarios para simplificar e introducir mayores dosis de racionalidad en el disperso ordenamiento jurídico del comercio español. Urge acabar a la vez con el falso debate entre grandes y pequeños comerciantes, para centrarse en conseguir un sector de la distribución moderno y eficiente en el que tienen cabida tanto los unos como los otros.