La CE denuncia las restricciones en la implantación y horarios del comercio

L a inflación y dispersión de las normativas regionales sobre el comercio minorista y la existencia de regulaciones excesivamente restrictivas para la autorización de nuevos establecimientos comerciales aparecen entre los obstáculos detectados por la Comisión Europea en su estrategia para articular el mercado interior de los servicios.

En respuesta al mandato de la Cumbre Europa de Lisboa, en marzo de 2000, la Comisión presentó el pasado 30 de julio un informe al Consejo y al Parlamento Europeos sobre el Estado del mercado interior de servicios, en el que se analizan las dificultades detectadas en todos los Estados miembros de la UE y en el que se refiere expresamente a las normativas regionales como un 'obstáculo creciente'.

El documento, sobre el que el Gobierno español informó al Pleno del Observatorio de la Distribución Comercial el 3 de diciembre último, es el primero de estas características desde 1962, y aunque no incluye menciones concretas a los Estados ni prejuzga el carácter, justificado o no, de los obstáculos denunciados, incluye referencias inequívocas a los aspectos más polémicos de la legislación española en materia de comercio minorista.

En concreto, la CE se refiere expresamente en el informe a lo que denomina 'regionalización de las fronteras', afirmando que se ha detectado que las fronteras tradicionales, tanto jurídicas como técnicas, que habían sido suprimidas, 'han renacido como normas o prácticas regionales o locales', circunstancia que atribuye, entre otras causas, a 'la inflación normativa producida por los distintos procesos de descentralización'.

Disparidad de leyes

La disparidad de normas sobre prácticas comerciales, sobre los horarios del comercio y la dificultad para cobrar las deudas son otros de los obstáculos denunciados por la CE en su informe, que critica también la falta de información sobre los regímenes de autorización de establecimientos, especialmente en materia de urbanismo.

Insiste, más adelante, la Comisión Europea en este último aspecto, al referirse a las trabas existentes para la instalación de los prestadores de servicios, entre las que cita concretamente los límites cuantitativos como la imposición de superficies máximas, los límites territoriales o el 'cúmulo de autorizaciones administrativas'.

En opinión de la CE, estas medidas 'suponen limitar el número de prestadores de servicios y favorecer los operadores nacionales', prácticas que considera perjudiciales para el empleo local en el sector de la distribución.

Para argumentar esta última consideración, el informe recuerda los efectos negativos de la licencia comercial para el empleo en Francia y la mejora de la participación del comercio minorista británico en el PIB después de las reformas liberalizadoras de 1994.

La dificultad de promoción por la variedad y el detallismo de la regulación de las comunicaciones comerciales aparece también entre las cuestiones mencionadas por el Ejecutivo comunitario. La CE advierte que una regulación excesivamente restrictiva respecto de las comunicaciones comerciales y, en ocasiones, la prohibición de las mismas, supone un obstáculo para la promoción de los servicios. Esto es especialmente relevante en el caso de los prestadores de servicios originarios de otro Estado miembro que, de esta forma, dispone de muy pocas alternativas para dar a conocer su producto.

Finalmente, el informe se refiere también a la discrecionalidad y la inseguridad jurídica como obstáculos al establecimiento transfronterizo en los servicios de distribución, apartado en el que se incluye la autorización concedida con base en 'unos criterios socioeconómicos tales como las necesidades con respecto a los comercios existentes'. Una exigencia que aparece en las normativas comerciales de diferentes comunidades autónomas españolas.

Las víctimas

Una vez enunciados los obstáculos, la Comisión Europea asegura que las 'víctimas' de todas estas restricciones son, esencialmente, las pequeñas y medianas empresas y los consumidores.

Respecto a los consumidores, la CE recuerda que el aumento de los costes repercute posteriormente en los precios. Y en el caso de las pymes, los perjuicios se derivan tanto de un encarecimiento de los costes de expansión transfronteriza (costes de transacción o adaptación) que pueden convertirse en 'prohibitivos', como de una situación de mayor debilidad para hacer frente a fusiones y adquisiciones por parte de las grandes empresas que persigan implantarse en nuevos mercados.

Por otra parte, y dentro de las actuaciones dirigidas a conseguir una futura armonización de los principios básicos sobre prácticas comerciales legales, la Comisión Europea ha remitido a los Estados miembros dos cuestionarios para conocer mejor su legislación y que servirán de base para elaborar una propuesta de directiva que se presentará antes del verano.

El FMI insta a liberalizar la apertura de festivos

En línea con la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional (FMI) insta también al Gobierno español a eliminar las barreras existentes en la distribución minorista y a liberalizar los horarios comercial y la apertura en domingos y festivos.En su informe sobre la economía española en el año 2002, el FMI considera que las rigideces en la distribución están contribuyendo al repunte de las tasas de inflación en España, por lo que urge a 'eliminar los obstáculos que impiden hacer más efectivo el comercio minorista y a la liberalización de los horarios y aperturas'. Entre estos obstáculos a suprimir, el Fondo cita expresamente las complejas regulaciones y la discrecionalidad de los requisitos exigidos para conceder las licencias comerciales. Constata también el informe del FMI cómo en la distribución de bienes y servicios se ha producido un crecimiento de la descentralización territorial, por lo que propone impulsar una política de coordinación sobre el comercio minorista a escala nacional, factor que considera 'crucial' para fortalecer el desarrollo económico de España en su conjunto. Tras considerar 'positiva' la ampliación del modelo de corresponsabilidad fiscal al mercado de bienes y servicios, el Fondo Monetario Internacional insta también a reforzar la colaboración entre las distintas Administraciones del Estado y a la coordinación entre todos los tribunales de Defensa de la Competencia. En el contexto de desaceleración que ha sufrido la economía española en el último ejercicio, el sector de la distribución ha sido uno de los más dinámicos y los últimos datos de la Central de Balances del Banco de España muestran que el valor añadido bruto del comercio creció en los nueve primeros meses del año más de un 10% en términos interanuales, tasa muy superior al 3% de crecimiento registrado para el total de las empresas del país.