La industria minera edita una guía de buenas prácticas ambientales
En abril de 1998, los vertidos de la sueca Boliden Apirsa se adentraron en el Parque Nacional de Doñana. En enero de 2000, Rumania sufrió una catástrofe parecida cuando la minera australiana Esmeralda vertió cianuro y otros metales pesados al río Tisza, afluente del Danubio. Tan dañinos incidentes han llevado a los legisladores europeos a emprender la regulación de la gestión de los recursos y de los residuos mineros, mediante la modificación de una directiva de 1996.
Ante esta perspectiva, la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Economía ha editado la Guía de buenas prácticas medioambientales en la industria extractiva europea, que es una traducción de la que elaboró la Dirección General de Empresas de la Comisión Europea en 2000, pero que se completa con un anexo para explicar su aplicación a los problemas medioambientales concretos de la industria española. Para su elaboración han contado con la ayuda de la Asociación Nacional de Fabricantes de Áridos (Anefa), que integra a 319 empresas que explotan 457 graveras en España.
La guía también pretende servir a los productores de cales, cementos, roca ornamental y yesos, así como a los grandes consumidores de estas materias primas.
El Reino Unido penaliza desde principios del año pasado a las empresas que extraen materiales de cantera con un impuesto de 1,60 libras (unos 2,47 euros) por tonelada. A raíz de ello, las constructoras empezaron a utilizar cristal triturado en vez de áridos como material de relleno de las carreteras.
Los legisladores europeos quieren seguir los pasos de Estados Unidos para obligar también a las empresas mineras a rehabilitar el paisaje en las explotaciones cerradas. Sólo en Estados Unidos, se calcula que este coste asciende a 35.000 millones de dólares (unos 34.000 millones de euros). A pesar de que la normativa de este país es la más exigente del mundo, en la última conferencia mundial de la industria minera, celebrada en Toronto (Canadá), se denunció que el 95% de las minas abiertas en la actualidad no provisionan fondos para rehabilitar el entorno una vez agoten los recursos.