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Columna
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El déficit público aplazado

Miguel Ángel Fernández Ordoñez

Cuando vuelvan de vacaciones y revisen los Cinco Días atrasados, no se pierdan un excelente artículo de Javier Alfonso, publicado el lunes pasado, sobre la ruinosa situación de las empresas públicas de la Comunidad Valenciana. En el cuadro que lo acompaña, se observa cómo la deuda de las 11 mayores empresas públicas asciende ya a 2.064 millones de euros, cifra que, para que el lector se haga una idea, es más del 3% del PIB valenciano. Sólo una de las 11 empresas públicas estudiadas no pierde dinero, ascendiendo las pérdidas anuales conjuntas a 254 millones de euros.

El artículo confirma lo que ya sabíamos, la alegría con que se han manejado los fondos públicos por parte del Gobierno valenciano de los últimos años.

El Boletín Estadístico del Banco de España muestra cómo, mientras el Partido Popular no cesaba de hablar de equilibrio presupuestario, el señor Zaplana conseguía dos medallas de oro en desequilibrio presupuestario en reñida competición con las otras 16 comunidades autónomas.

En efecto, la deuda de la Comunidad Valenciana ha pasado de 2.656 millones de euros en 1995 a 6.526 millones al finalizar el año 2001. Ello supone haber aumentado la deuda pública en 3,8 puntos de PIB mientras las demás comunidades autónomas han reducido su deuda en el mismo periodo en 0,1 puntos de PIB. Si la Comunidad Valenciana ha conseguido la medalla de oro en velocidad de aumento de la deuda pública, también ha conseguido otra de oro por ser la primera comunidad con mayor deuda en relación al PIB, cuando en 1995 estaba en sexto lugar.

Pero lo más interesante del artículo que comento es que muestra cómo, para evitar que las consecuencias de esa alegre política de gasto se reflejen en las cuentas públicas, la Comunidad Valenciana ha creado una serie de empresas públicas con las que, gracias a que ni sus resultados ni su deuda aparecen en las liquidaciones del Presupuesto, se puede esconder la lamentable gestión del mismo.

Pero la ocultación no podrá evitar que los contribuyentes acaben pagando algún día esos platos rotos. En algún momento los valencianos tendrán que restringir sus gastos de inversión pública para pagar el despilfarro de estos años pasados.

Desgraciadamente el déficit oculto no es una característica única de la Comunidad Valenciana, sino que se ha extendido por toda la geografía española y el propio Estado central es el que más gasto público está ocultando de esta forma. El último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) reconviene al Gobierno español y le advierte de que no debería ocultar por más tiempo los gastos públicos que tiene escondidos en distintas empresas públicas (GIF, Sociedades de Aguas, etcétera) y de los que no da cuenta a los ciudadanos.

Quizá porque es consciente de su mala conducta es por lo que España es el único país europeo importante que no ha permitido que el FMI le haga una auditoría del Presupuesto.

El problema de ocultar el déficit es doble. Por una parte, al ignorar el déficit los ciudadanos se despreocupan de la asignación del gasto público y no se impide el despilfarro. Por otra, no evita que algún día haya que pagar esos gastos, lo que significará restringir el crecimiento futuro en algún momento poco apropiado, como le está sucediendo ahora a Alemania.

No obstante, se debe celebrar que la Sindicatura de Cuentas haya alertado sobre este problema, en contraste con el Tribunal de Cuentas del Estado que, como está siendo habitual estos últimos años, sigue mudo sobre las manipulaciones de las cuentas públicas. Los valencianos tienen al menos la posibilidad de discutir estas cuestiones cuando su televisión pública les dice que todo va bien.

La inoperancia del Tribunal de Cuentas hace que el resto de los españoles no pueda ni siquiera discutir estas cuestiones y sólo disponga de las apariciones de los responsables presupuestarios en TVE, que, por supuesto, nunca informan acerca del déficit oculto.

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