La CE centra el 75% de los expedientes por corrupción en las instituciones europeas
El tercer año de actividad de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), heredera de un organismo anterior, la Uclaf, se ha cerrado con resultados positivos. La rigurosa política cero frente al fraude y la corrupción que la oficina ha seguido en este último ejercicio ha dado como resultado un crecimiento del 30% en el número de investigaciones abiertas, que se ha situado en 552.
Ese lema de rigor en la investigación, que se ha seguido a rajatabla y con independencia de la importancia del montante defraudado, ha afectado especialmente a las instituciones europeas. Los nuevos casos investigados en el seno de la UE, 63 en total, suponen el 11% de todas las causas abiertas y a ellos hay que añadir otros 91 pendientes de ejercicios anteriores. La mayoría de esas investigaciones se centran en las actividades de la Comisión Europea, que concentra el 75% de los expedientes abiertos por presunto fraude y corrupción a las instituciones comunitarias.
Los gastos directos, las aduanas y los fondos estructurales fueron las áreas que generaron mayor actividad investigadora de la OLAF hasta finales del ejercicio, seguidos de la agricultura, la corrupción de las instituciones y el tabaco. 'Ha habido un aumento significativo de número de casos llevados por la OLaf durante este periodo, que se ha visto marcado por progresos importantes en la puesta al día de los métodos de trabajo y en nuestra cooperación con los Estados miembros', resumía en la presentación del informe el director general del organismo, Franz Hermann Brüner.
Países candidatos
Brüner explicó que otra de las líneas de actuación seguidas por la Olaf este año se refiere a los casos relacionados con los países candidatos a la adhesión. Las investigaciones en este ámbito se centraron tanto en los casos de mala utilización de los fondos comunitarios dirigidos a financiar el proceso de ampliación como en aquellos en que las actividades perjudiciales para los intereses de la UE tuvieron relación, de un modo u otro, con los países candidatos. Las organizaciones no gubernamentales fueron otro de los ámbitos a los que la oficina prestó más atención y dedicó más recursos humanos.
El presidente de la Olaf, que en más de una ocasión ha afirmado que el fraude en la UE supone alrededor del 5% del presupuesto comunitario, considera que uno de los máximos logros del organismo durante este ejercicio es la cooperación establecida con los Estados miembros y con organismos como el Banco Mundial, Naciones Unidas e Interpol, entre otras.
En ese sentido, Alemania fue el Estado miembro más activo en cuanto a la información sobre presuntas irregularidades, el 29% de las informaciones que dieron lugar a la apertura de expedientes provinieron de ese país, seguido de Italia y Bélgica. A lo largo de la totalidad del ejercicio, la Olaf recibió información en 576 ocasiones, que dieron lugar a la apertura de 552 nuevas investigaciones. Según se explica en el propio informe, la razón de esta discrepancia de cifras se debe a que en ocasiones la información sobre un mismo caso proviene de diferentes fuentes.
Fraude complejo
En algunos sectores, como en el de contrabando de tabaco, el informe subraya que la tendencia es la utilización de formas de fraude cada vez más complejas y que, actualmente, 'no resulta difícil para los defraudadores trasladar contenedores de tabaco a través de varios países'. Uno de los capítulos que han requerido un mayor esfuerzo es el relacionado con el reparto y utilización de los fondos estructurales.
La mayor parte de los casos abiertos en este apartado se refieren al Fondo Social Europeo y al Fondo de Desarrollo Regional Europeo, y en todos ellos la oficina ha tenido que incrementar los esfuerzos de cooperación con los Estados miembros, una asignatura pendiente hasta ahora para el organismo. Muy relacionadas con este apartado figuran en el informe las irregularidades en los contratos y adjudicaciones públicas llevadas a cabo por los países e instituciones europeas.
Un procedimiento de investigación que consta de tres fases
Los procedimientos de investigación en la OLaf, que conducen normalmente a procesos judiciales o disciplinarios en el seno de las instituciones, constan de tres fases muy diferenciadas. En la primera de ellas, denominada 'de información', la Olaf realiza un examen preliminar de todas las comunicaciones sobre presuntas irregularidades para determinar si, a primera vista, son suficientes para demostrar que los intereses financieros de la UE han sido perjudicados y que hay suficientes indicios para justificar la apertura de una investigación. Una vez finalizada esa etapa, el organismo ha de decidir si abre o no un expediente. La decisión corresponde al comité ejecutivo, por delegación del director general, el cual está integrado por representantes de los departamentos de política, legislación y asuntos jurídicos, investigaciones y operaciones y, finalmente, inteligencia, estrategia operativa y tecnología de la información. El director general, actualmente Franz Hermann Brüner, únicamente toma un pequeño número de decisiones personalmente, por ejemplo, ante la falta de acuerdo del comité ejecutivo sobre alguna cuestión. En esta etapa del procedimiento también se desechan aquellas informaciones consideradas insuficientes para abrir expedientes. En la tercera y última fase del proceso, la Olaf debe adoptar dos diferentes decisiones. Si considera que existen suficientes indicios sobre presuntas irregularidades acuerda abrir un expediente de investigación, cuyo objetivo es probar que se ha producido un fraude y en qué medida, si es posible, afecta a los intereses comunitarios. Si, tras la investigación, llega a la conclusión de que no se ha realizado ninguna irregularidad, cierra definitivamente el caso. En todas las fases del procedimiento, el organismo trabaja en colaboración con los Estados e instituciones comunitarias.