La viabilidad de las pensiones

Un bombazo, esperado por los expertos que hemos trabajado en el tema, acaba de estallar en la Unión Europea: se trata del informe de la Comisión sobre los sistemas de pensiones de los Estados miembros y hace especial énfasis en el peligro que corre el sistema de pensiones español.

Desde hace 20 años vengo manifestando la no viabilidad de nuestro sistema de pensiones, fundamentándolo en el envejecimiento que la población española va a experimentar a largo plazo y en la falta de proporcionalidad entre lo pagado por cotizaciones sociales y las pensiones recibidas. A las propuestas de modificaciones que he realizado siempre se ha contestado que el sistema estaba sano y su viabilidad financiera estaba asegurada.

Una de las muchas anécdotas que me sucedieron al expresar mis opiniones ocurrió en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas que, con motivo de la celebración del I Centenario de la Seguridad Social, celebró un acto de presentación de los trabajos realizados sobre el tema, que estuvo presidido por Juan Carlos Aparicio, secretario de Estado para la Seguridad Social, en representación del ministro.

Los autores de los trabajos expusimos brevemente los problemas actuales existentes en las prestaciones de la protección social y sus posibles soluciones; yo expuse el tema 'Una solución para la viabilidad financiera del sistema de pensiones contributivas'. En la clausura del acto, el secretario de Estado hizo comentarios sobre cada una de las exposiciones habidas, excepto la mía, que seguramente no fue de su agrado y la ignoró; su silencio no pasó inadvertido para los que abarrotaban la sala de la academia, que quedaron extrañados de su comportamiento.

De la prestación de pensiones se benefician principalmente las personas mayores, por lo que el ritmo de envejecimiento de la población se traslada al gasto público (ver 'Los efectos económicos del envejecimiento', J. Barea. Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, número 76. Madrid 1999). A juicio de la Comisión Europea, la viabilidad financiera del sistema español de pensiones está lejos de ser garantizada, con una población fuertemente envejecida, y las reformas realizadas por España por sí solas no servirán para hacer frente al fuerte reto del envejecimiento, que se producirá a partir de 2020. Prevé que el gasto público en pensiones pase del 9,4% del PIB en el año 2000 al 17,3% en 2050, con ganancia de 7,9 puntos del PIB, el aumento más fuerte de la Unión Europea, cuyo incremento medio será de 3,1 puntos en el mismo periodo.

Ni la reforma llevada a cabo en el sistema de Seguridad Social, que ha centrifugado el déficit de la misma al Presupuesto del Estado, ni la creación del Fondo de Reserva serán medidas suficientes para hacer frente al envejecimiento a partir de 2015. Sobre el citado fondo diremos que la forma en que se ha concebido el mismo no sirve para aminorar déficit futuros del sistema, ya que no se ajusta a lo establecido en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-95).

Un factor que tiene tanta o más influencia sobre el gasto en pensiones que el envejecimiento es la falta de proporcionalidad (equidad del sistema), como lo muestran las tasas internas de retorno obtenidas para cada uno de los supuestos tipo siguientes: con 35 años de cotización, 4,4; con 25 años, 5,4; y con 15 años, 7,8, que muestra la falta de equidad tanto horizontal como vertical del sistema.

Igualmente, las tasas de sustitución entre el último salario de activo por el que se ha cotizado y el importe de la pensión del primer año (tasa de generosidad) son las siguientes: para el que trabaja 35 años, 91,9%; para el que trabaja 25 años, 73,6%; y para el que trabaja 15 años, 45,8%, que son las más altas de la Unión Europea.

Para que el sistema fuera equitativo y viable, las tasas de sustitución tendrían que ser del 62,8%, 43,8% y 24,9%, respectivamente ('Los efectos económicos del envejecimiento', citado), lo que supone una reducción de 30 puntos en la tasa de sustitución. Las soluciones para intentar hacer viable el sistema de reparto podrían ser las siguientes:

Extender la base reguladora a todo el periodo contributivo, reduciendo así la tasa de sustitución.

Retrasar la edad de jubilación.

Aumentar la tasa de actividad para acercarla a la media de la Unión Europea, lo que llevaría a una reducción de la tasa de paro, la más alta de toda la UE.

Apertura de la inmigración, si bien de forma planificada y de manera que su integración en la población española se efectuase sin trauma alguno.

Las medidas anteriores solventan el problema de equidad y en parte el reto demográfico, pero no totalmente. Para compensar la reducción de la tasa de generosidad, la solución sería fomentar, a través de los convenios salariales y de incentivos fiscales para los planes individuales de pensiones, un sistema de capitalización gestionado privadamente.

La tercera solución sería pasar a un sistema obligatorio de capitalización, que podría ser gestionado privada o públicamente. La primera alternativa es imposible, ya que en el primer año de su implantación daría lugar a un déficit público del 10% del PIB, que iría reduciéndose lentamente a medida que el colectivo de jubilados del sistema de reparto vaya disminuyendo.

La implantación de un sistema de capitalización gestionado públicamente no produciría efectos sobre el déficit, pero sí sobre el patrimonio, de conformidad con lo establecido en el SEC-95 ('Una solución para la viabilidad financiera del sistema de pensiones contributivas', J. Barea. Papeles y Memorias de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. I Centenario de la Seguridad Social).

De lo que hemos expuesto se obtiene la conclusión de que el sistema de pensiones públicas, tal y como está configurado, no es viable a largo plazo. Es necesario introducir profundas reformas estructurales en el mismo, si de verdad queremos salvar el principal instrumento de cohesión social que tiene la Unión Europea. Y estas reformas hay que empezar a efectuarlas ya, para que no sean traumáticas dentro de unos años.