Libertades en cuarentena
Una carta de un banco, uno de los mayores del país, ha pedido a sus clientes completar una serie de datos y reenviarlos a la central. Nombre, teléfono, número de cuentas, ingresos y pagos medios, entre otros datos. Una carta adjunta explica en términos taxativos que, si la entidad no recibe el cuestionario, el banco cancelará las cuentas. Un empleado aseguraba que desde el 11 de septiembre el banco quiere así esta documentación por si se pide desde Washington.
Y así son las cosas. El Gobierno ha prometido seguridad y los ciudadanos y las empresas se han empezado a olvidar de un derecho considerado fundamental, el de la privacidad. Este derecho, que se empieza a desarmar ante la autoridad del Estado, sigue siendo celosamente defendido ante propósitos comerciales, algo extraño si se compara el poder que tiene el Estado con la molestia que supone atender una llamada de una compañía con una oferta o una petición de una ONG a través del correo.
La semana pasada, The New York Times se hacía eco de una encuesta hecha a directores de seguridad de empresas y un 41% de ellos aseguraba que en casos de seguridad nacional harían llegar a las autoridades datos de sus clientes sin que medie una orden judicial. Este mismo diario recordaba que dos populares sitios en Internet, Ebay y Amazon, tienen políticas de privacidad que permiten proporcionar información sin necesidad de autorización judicial. En Amazón, sin embargo, su portavoz aseguraba que incluso con citaciones no dan los datos si creen que con ello violan los derechos de los clientes. En Ebay llegan a decir que, si un cliente no quiere que sus datos lleguen a la autoridad, 'probablemente no le queramos en nuestro portal'.
En el caso del banco hay poca alternativa porque, como dice el empleado, todos las entidades solicitan esa información por los mismos motivos, 'son cosas de después del 11 de septiembre', dice.
Tras esta fecha, la administración está intentando poner en marcha un sistema llamado conciencia de información total. El proyecto tiene como objetivo hacer una base de datos que combine todos los ficheros bancarios, fiscales, de tráfico, médicos e incluso los que se refieren a las compras o correos electrónicos. Al frente de esta gigantesca centralización de datos, el presidente George Bush ha puesto a John Poindexter, asesor nacional de Ronald Reagan y convicto, aunque declarado no culpable tras un recurso, en el caso Iran-Contra. Otros intentos de controlar la intimidad de los ciudadanos, como aquel llamado Tips, en el que empleados del servicio postal o fontaneros, entre otros, podrían contar cosas que vieran en los hogares y delatar conductas 'sospechosas' quedaron en el tintero.
No obstante, no sólo el legislativo o el ejecutivo han cambiado su perspectiva sobre la privacidad. Los jueces se han mostrado más receptivos a conceder más poder al Estado. Así hace menos de un mes, un tribunal de apelaciones concedió al Departamento de Justicia más poder para utilizar ante los tribunales penales cintas obtenidas por los servicios de inteligencia, algo que se había negado en los últimos 20 años. En la misma semana otro tribunal dio permiso a la policía para pedir a un proveedor de Internet los correos electrónicos de un presunto pederasta. Un dudoso gran paso para la seguridad y un retroceso para la privacidad, pero con el consenso ciudadano ante la intromisión estatal.