Productividad, la asignatura pendiente
España ha avanzado en los últimos años en convergencia con la UE en PIB per cápita, pero no en productividad. Carlos Sebastián explica cómo ha sido posible y qué implicaciones tiene
En los últimos 15 años España ha avanzado en convergencia con la Unión Europea en términos de PIB per cápita. En 1985 era el 72,3% de la media de la UE y en 2001 esta relación se ha elevado al 83,5%. Pero si nos fijamos en la productividad, ya sea productividad del trabajo o productividad total de los factores, la convergencia no se está produciendo. De hecho está divergiendo. Por ejemplo, en 1985 la productividad del trabajo era el 96,9% de la media europea y en 2001 está proporción ha bajado al 91,7%. En términos de productividad total de los factores, la divergencia es mayor.
¿Cómo ha sido eso posible y qué implicaciones tiene? La convergencia en renta per cápita con divergencia en productividad ha sido posible porque la tasa de empleo (la relación entre ocupados y población en edad de trabajar) relativa entre España y la UE aumentó entre 1986 y 1990 y lo ha hecho aún más entre 1996 y 2001. Es positivo que esto se haya producido, pues la tasa de empleo era (y todavía es) relativamente baja en España. Pero para que ese favorable proceso se mantenga es necesario que se detenga (o se revierta) la divergencia en productividad.
¿Por qué la divergencia en productividad? Se ha apuntado que la causa principal se encuentra en lo que se ha dado en llamar capital tecnológico, que es el resultado de la evolución del gasto en I+D. Sobre todo (apunto yo) porque es el reflejo de empresarios dinámicos preocupados con la productividad de sus empresas. Hay que subrayar que los gastos en I+D son decisiones de unos agentes que las toman o no en función de una serie de factores. Los factores que incentivan el esfuerzo innovador (ya sea la generación de nuevo conocimiento técnico o la adopción eficiente de conocimiento importado) están relacionados con la percepción de los potenciales innovadores de su posibilidad de apropiarse de los frutos de sus decisiones. En eso hay poca discusión. Pero esa percepción no depende sólo, ni siquiera fundamentalmente, de la protección estatal al I+D (aunque ésta resulte bienvenida), sino de factores que llamamos instituciones.
Las instituciones relevantes son de diversos tipos. Desde que las leyes y el funcionamiento de la justicia y de la Administración protejan los derechos de propiedad de los innovadores e impidan que monopolistas no innovadores los atropellen (las más obvias). Hasta que las regulaciones de los mercados de bienes y de factores no encorseten y frustren a los innovadores. En este sentido hay estudios recientes que concluyen que la convergencia en productividad de distintos sectores (respecto al país que es frontera en cada uno de esos sectores) está condicionada por las intervenciones en los mercados de productos y por las distintas regulaciones del mercado de trabajo. Y España parece estar mal posicionada en ambos tipos de regulaciones.
Pero son también instituciones los sistemas de valores predominantes. Y éstos cambian muy lentamente y (lo vemos en Argentina) no siempre lo hacen para mejorar. Aunque sea una anécdota, en un pueblo leonés no hay panadería porque los vecinos no quieren que uno de ellos gane dinero a costa de su necesidad de comprar pan. La anécdota es una manifestación extrema de una valoración social muy pobre de la actividad empresarial. Y esa estructura de valores, que está progresando poco en España, no propicia la innovación empresarial.