Argentina sigue colapsada un año después de la caída de De la Rúa
El 20 de diciembre de 2001, una sublevación popular desalojó del poder al presidente Fernando de la Rúa. Un día antes, el superministro Domingo Cavallo había dimitido. El régimen de convertibilidad monetaria se desplomó en medio de la mayor catástrofe económica argentina.
Un año después, la economía argentina sigue en cuidados intensivos. La devaluación del peso decidida por Duhalde el 1 de enero de este año hundió al golpeado sistema financiero del último periodo de convertibilidad. En menos de cuatro meses, el dólar pasó de una cotización de un peso a otra de cuatro pesos, para estabilizarse a partir de abril entre 3,50 y 3,80 pesos. El objetivo de la alteración del tipo de cambio, fomentar las exportaciones y terminar con la recesión de cuatro años, no se cumplió. Por el contrario, un año después, las exportaciones han crecido menos que en 2001.
La falta de crédito y la desaceleración mundial están en la base de ese resultado negativo. Sin embargo, hasta el 31 de octubre pasado, la balanza comercial arrojaba un superávit de 13.800 millones de dólares (una cifra similar en euros). ¿La razón? Un verdadero hundimiento de las importaciones, que reflejan directamente la caída de entre el 11% y el 12% que registrará el PIB en 2002.
Paradójicamente, las reservas del país no han aumentado correlativamente. Aunque crecieron en los dos últimos meses, hasta superar levemente los 10.000 millones de dólares, están muy por debajo del monto que deberían tener de acuerdo a la balanza comercial.
Las causas de ello han sido, por un lado, que el Estado ha utilizado 4.300 millones de dólares para efectuar pagos de la deuda a organismos internacionales y, por otro, una fuga de capitales superior a 10.000 millones de dólares a lo largo del año, a pesar de los controles.
Si bien la recaudación de impuestos registra una tendencia claramente ascendente desde abril, esta mejora debe matizarse. En primer lugar, porque se trata de un incremento de los ingresos en pesos y, en segundo lugar, porque parte del aumento se debe a que el Gobierno autorizó a las empresas a utilizar títulos públicos devaluados para pagar deuda fiscal.
Lo fundamental es que la deuda pública se ha multiplicado por tres respecto a diciembre de 2001, pasando del 50% del PIB al 150% del PIB. Este espectacular incremento no ha sido el mero resultado de haber pesificado la contabilidad nacional, mientras más del 60% de la deuda sigue denominada en dólares.
Los bonos para compensar a la banca, a los ahorradores y a las empresas, por los costes de la pesificación asimétrica, han incrementado en más de 30.000 millones de dólares la deuda total del Estado, la cual se estima hoy entre 114.000 y 160.000 millones de dólares, según diversos estudios realizados, incluido el oficial. Así, se acumulan los problemas del futuro Gobierno.
Moneda y producción
La estabilización monetaria es, por otra parte, la consecuencia del veranito financiero que se vive desde junio. Los altísimos tipos de interés ofrecidos por el Banco Central para captar los dólares convertidos a pesos por los exportadores, y que llegan actualmente al 62% anual, además de una base monetaria triplicada por las reservas, garantizan que el peso no baje.
De esta manera se ha evitado el peligro, al menos provisionalmente, de hiperinflación. El IPC ha crecido un 40% hasta noviembre, pero los precios mayoristas han subido mucho más, un 118,7%, lo que habla de una inflación reprimida por la caída del consumo. En la base de ésta se encuentra el retroceso salarial provocado por el inicial aumento de precios tras la devaluación. Los ingresos de los asalariados han retrocedido un promedio del 30%.
A pesar del cuadro descrito, el ministro de Economía, Roberto Lavagna, proclamó la semana pasada que la recesión había tocado fondo tras dos trimestres de crecimiento menor al 1% y luego de una caída del PIB de más del 20% en cuatro años.
Pero los datos del ministro no coinciden con los del instituto oficial de estadísticas (Indec), y menos aún con los de la prestigiosa Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), que el miércoles dio un descenso del 0,7% en la producción del último trimestre. El optimismo del Gobierno parece desmesurado, no sólo por los indicadores de producción, sino porque la inversión sigue paralizada, el consumo y la demanda no remontan y la deuda pesa como un losa.
El FMI y el peronismo, árbitros de la situación
Duhalde fue categórico. La suspensión de los últimos pagos al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y al Fondo Monetario Internacional (FMI) reflejan 'el fracaso del país' para alcanzar un acuerdo con el Fondo. Sin embargo, el mismo Duhalde anunciaba ayer un acuerdo para 'antes de fin de año'. La realidad es que después de casi un año de negociación, el acuerdo parece una quimera. A pesar de que Argentina cumplió, hasta noviembre, con el pago de la deuda a los organismos recurriendo a sus reservas, a pesar de haber suspendido pagos en enero, el FMI no ha cesado de insistir en dos metas: un mayor superávit fiscal y la libre flotación de la moneda. A estas alturas parece claro que el Fondo pide que le paguen muy caro su visto bueno para que Argentina tenga acceso al mercado de créditos internacional. Quiere fondos fiscales para dedicar al pago de la deuda y un dólar más alto para abaratar activos y beneficiar a los capitales de cierto país interesado en comprar a buen precio empresas en crisis. Pero el Fondo no es el único árbitro del difícil ajedrez argentino. Comparte este papel con el peronismo, único instrumento político local capaz, en teoría, de disciplinar al país. Pero con su división en cuatro o cinco fracciones, y con Duhalde enfrentado al ex presidente Carlos Menem por dos proyectos económicos contrapuestos, la unidad electoral del peronismo parece tan quimérica como el acuerdo con el FMI y torna incierta la celebración de elecciones y la luz verde del Fondo.