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Propuesta

CC OO aboga por combinar autorregulación y normas legales en los códigos de gobierno

El sindicato CC OO considera de 'extraordinaria importancia y utilidad la obligación de emitir, de forma periódica, información pública acerca de determinados principios y prácticas socialmente relevantes. Así lo aseguró ayer CC OO en un comunicado en el que considera que en el marco de la revisión que se está produciendo sobre las buenas prácticas de gobierno de las compañías se deben escuchar sus consideraciones.

Estas informaciones 'relevantes' deben ponerse, según CC OO, a disposición de los trabajadores, clientes, proveedores, accionistas, bancos, defensores del medio ambiente, Gobiernos locales, autonómicos y estatales, etcétera. En el caso de los representantes legales de los trabajadores o de los accionistas, la remisión de la información debe hacerse de manera directa. En otros casos, la información puede facilitarse a través de su edición, como anexo a la memoria de la sociedad, 'así como su publicación a través de la página web de la empresa, donde se podrá acceder sin limitación de acceso'.

CC OO considera que los trabajadores son 'el más genuino de los colectivos que se ve inmediatamente afectado' por las prácticas y decisiones de las empresas. Los empleados, según el sindicato, 'no sólo tienen interés, sino también derecho a que los gestores de la empresa la gobiernen adecuadamente'.

En este sentido aseguran que para lograr la máxima transparencia corporativa, que es el pilar del buen gobierno corporativo, las empresas no pueden seguir ignorando la información social.

Respecto a los códigos de buen gobierno, CC OO aboga por una 'adecuada' combinación de normas legales y de autorregulación para conseguir satisfacer a las distintas posiciones encontradas y al interés de los diferentes grupos a los que la información y los procedimientos pudieran afectar.

CC OO reclama que las empresas informen con detalle de la remuneración individual de los administradores y que su determinación sea objeto de un punto específico en el orden del día de la correspondiente asamblea anual.

Además, el sindicato insta a la Comisión Europea a que publique 'lo antes posible' una recomendación a los Estados que incluya principios sobre la independencia de los consejeros. El sindicato defiende también el derecho de los accionistas minoritarios que reúnan al menos el 5% del capital a solicitar investigaciones especiales ante los tribunales o las autoridades administrativas correspondientes. Para lograrlo se debería adoptar, en opinión de CC OO, una norma marco de ámbito europeo que garantizara este derecho a todas las empresas y, en la medida de lo posible, a los grupos de empresas.

Y respecto a las prácticas de auditoría, CC OO considera 'de especial relevancia' que se determine que la responsabilidad por la auditoría de la información financiera de la sociedad recaiga sobre los consejeros no ejecutivos de la empresa o miembros del consejo de vigilancia que sean en su mayoría independientes. También sobre este último punto el sindicato considera recomendable que desde la CE se emitan normas específicas al respecto.

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