Botín declarará como imputado por la pensión que pagó a Amusátegui
El pasado 5 de noviembre la jueza de la Audiencia Nacional Teresa Palacios admitió a trámite una querella presentada por un accionista del Santander Central Hispano (SCH) contra Botín y Amusátegui por un presunto delito societario.
Tras la admisión a trámite, la magistrada dio traslado de las actuaciones a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ayer solicitó que Botín y Amusátegui sean citados por el Juzgado para que se les notifique la querella y se les tome declaración como imputados.
La jueza Palacios, según fuentes jurídicas, tramitará las comparecencias el próximo mes de enero, después de las fiestas navideñas.
La querella fue presentada por el abogado Francisco Franco Otegui, a quien se le sitúa en la órbita del ex consejero de Banesto Rafael Pérez Escolar, condenado junto a Mario Conde y otros ex administradores de la entidad en el caso Banesto.
Según se relata en la querella, tras la fusión en marzo de 1999 del Banco Santander y el Banco Central Hispano, la presidencia de la nueva entidad bancaria es compartida por Botín y Amusátegui, con el compromiso de que este último abandonaría su cargo en la junta general de 2002, coincidiendo con su 70 cumpleaños. Pero la marcha de Amusátegui se adelantó un año. En el capítulo de retribuciones al consejo y en el apartado 'compromisos por pensiones y otros seguros' correspondiente a las cuentas del banco del ejercicio 2001, figura la cantidad de 209 millones euros. Sin embargo, se añade una 'aclaración', según la cual el 'importe no incluye 43,75 millones de euros satisfechos durante 2001 con carácter extraordinario y no recurrente'.
Más tarde se supo que esa cantidad fue cobrada por Amusátegui por adelantar su marcha del Santander, hecho que se produjo en agosto del pasado año. Según la querella, 'no hay apoyo legal alguno que justifique el derecho a una indemnización de los administradores de una sociedad anónima, incluso en el supuesto de que sean removidos sin justa causa'.
El SCH, por su parte, afirmó ayer que ya había remitido al juzgado toda la información y documentación requerida sobre el asunto y que la retribución de 43,75 millones pagada a Amusátegui corresponde al pago por su jubilación y no por adelantar su salida del banco. Y añade que esta retribución se pactó en el momento de la fusión entre el Santander y el BCH en 1999.
El SCH señala que 'todas las actuaciones realizadas lo han sido de acuerdo con la más estricta legalidad. Habiéndose pactado el pago a Amusátegui de la cantidad a la que se refiere la noticia en 1999 y aprobado por los órganos competentes de la entidad contando con la verificación positiva de sus auditores externos' (la auditora Arthur Andersen).
La jueza Palacios también instruye el caso de las cesiones de crédito del entonces Banco Santander. La magistrada, en contra del criterio del fiscal, acusa a Botín y a otros cuatro directivos más de delito fiscal y falsedad documental. La decisión de la jueza fue recurrida y ahora está pendiente de que el asunto sea revisado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El tribunal está tramitando el recurso.