Menos impuestos y más protección para el autónomo

Los trabajadores por cuenta propia se marcan como retos inmediatos conseguir la protección por desempleo, la contratación de familiares y la jubilación anticipada

on 2,2 millones de trabajadores pero sus quejas llegan a mucha gente.

Se trata del taxista, la peluquera, el tendero de la esquina, el mecánico del coche. Quién no ha escuchado alguna vez las protestas de estos trabajadores, profesionales autónomos, que se sienten los patitos feos de la economía española. Sin embargo, desde el próximo 1 de enero, el panorama va a empezar a cambiar para todos estos trabajadores. Nuevas reformas legales harán que este colectivo pague menos impuestos y tenga la oportunidad de mejorar su protección social de carácter público.

En esa fecha entra en vigor la supresión del impuesto de actividades económicas (IAE), los cambios del IRPF en las primas pagadas por concepto de enfermedad y la equiparación de la cobertura por accidente de trabajo y enfermedad profesional. Además, contarán con nuevas ayudas a la contratación de asalariados. Estos cambios evidencian que los trabajadores autónomos están empezando a hacerse escuchar en los ambientes políticos y administrativos, sobre todo, en las filas del Gobierno, por quien se consideraban especialmente discriminados.

Pero todos los autónomos con los que se habla opinan que éstos y otros logros no se han conseguido antes por profunda desunión de estos trabajadores que, ante la falta de organización, no han sido nunca interlocutores de los cambios acaecidos en el panorama económico y laboral pese a que su actividad contribuye a generar el 15% del producto interior bruto (PIB).

Si bien desde hace poco más de un año, existe la Plataforma Nacional Permanente de Autónomos, formada por las asociaciones ATA, UPTA-UGT, Copyme, Cempe y Anexa. Es la primera organización de trabajadores autónomos de ámbito estatal e intersectorial, cuyo objetivo es convertirse en el interlocutor oficial de este colectivo ante el Gobierno y, de momento, a tenor de los últimos acontecimientos, lo están consiguiendo.

En la recámara, a este colectivo aún le quedan muchos retos que negociar: la jubilación anticipada, la protección por desempleo o la contratación de familiares. Pasa a la página 4 æoelig;

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La factura fiscal del colectivo de trabajadores autónomos se verá algo aliviada en 2003 por la desaparición, desde el 1 de enero, del impuesto de actividades económicas (IAE). Se ahorrarán con ello una media anual de 350 euros.

A los autónomos les gusta decir que la promesa de eliminar este tributo fue la que le dio al Gobierno de José María Aznar la mayoría absoluta en las últimas elecciones, ya que 'muchos trabajadores de este colectivo votaron al PP sólo por este motivo', según aseguran las fuentes consultadas.

Era, por tanto, una reivindicación histórica de los autónomos que esgrimían la injusticia que suponía pagar un impuesto por el hecho de desempeñar una actividad económica independientemente de si ésta reportaba beneficios o no. En su opinión, esto era un claro lastre para el crecimiento y la estabilidad del colectivo.

æpermil;ste, probablemente, será el principal cambio con el que empezarán el próximo ejercicio económico estos trabajadores, pero no el único.

La ley reconocerá también dos avances significativos en materia de protección social. En la actualidad, a diferencia de los trabajadores del régimen general, la cotización por incapacidad temporal (IT) es voluntaria para los autónomos. Así, en la actualidad hay unos 800.000 trabajadores por cuenta propia dados de alta en la Seguridad Social que cotizan por IT en caso de baja por enfermedad común, el resto no tienen esta cobertura.

Pero desde el 1 de enero la ley recogerá una de las grandes reivindicaciones de este colectivo: la posibilidad de cotizar por accidente de trabajo y enfermedad común, con lo que, al igual que en el Régimen General de la Seguridad Social, en caso de sufrir una enfermedad o accidente laboral podrán cobrar la baja y desde el primer día. No obstante, pese a existir esta posibilidad desde el 1 de enero, por ley, los autónomos no podrán cotizar hasta que no se fijen los grupos y tipos de cotización mediante un reglamento.

Fuentes de la Plataforma Nacional de Autónomos aseguraron que el Ministerio de Trabajo trabaja en la elaboración de cinco grupos de cotización en función de la peligrosidad de la actividad desempeñada por el autónomo. El reglamento que fijará estos grupos entrará en vigor probablemente en abril o mayo.

Precisamente para esa fecha es para cuando los responsables de Trabajo han prometido a la Plataforma Nacional Permanente de Autónomos que harán realidad la otra gran demanda de este colectivo en materia de protección social. Se trata de poder empezar a cobrar la baja por enfermedad común a partir del cuarto día y no del decimoquinto, como ocurre en la actualidad.

Si bien para poder cotizar por enfermedad profesional y accidente de trabajo los autónomos estarán obligados a cotizar previamente por IT. Además, esta nueva contingencia repercutirá también, según las fuentes consultadas, en el aumento de la base de cotización de este colectivo. 'Si se crean nuevas contingencias, al autónomo le interesará subir su base de cotización porque ésta es el referente para el cobro de prestaciones'. Los datos respaldan esta teoría, ya que con la creación de la IT, en los últimos cinco años los cotizantes por base mínima han disminuido 10 puntos, pasando de ser el 94% en 1997 al 84% en 2002.

Para cerrar el capítulo de logros conseguidos y que entrarán en vigor el próximo año hay que resaltar que, desde enero, los autónomos podrán acceder a la incapacidad permanente total cualificada para los autónomos mayores de 55 años, lo que les permitirá cobrar el 75% de la base de cotización.

En materia de contratación, desde el pasado sábado, 14 de diciembre, están vigentes nuevas ayudas a la contratación indefinida. Antes estaba incentivada la contratación del primer asalariado, ahora todos los contratos fijos que hagan los autónomos estarán bonificados. Aunque fuentes de este colectivo se quejan de la ineficacia de esta medida, ya que 'lo lógico es que el trabajador autónomo contrate a sus familiares y esto no podemos hacerlo'.

Según un informe de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), en España hay 317.000 personas que están colaborando con autónomos en el negocio familiar sin estar dados de alta en la Seguridad Social. Según dicho informe, uno de cada cinco negocios familiares tienen trabajando a un familiar en esta situación, siendo más frecuente en las comunidades de Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia.

La Plataforma de Autónomos asegura que la contratación de familiares hasta segundo grado de consanguinidad es también un compromiso del Gobierno para 2004, pero otras fuentes desconfían de esta promesa, al considerar que es electoralista.

Lo que sí ha quedado descartado por el Gobierno, de momento, es la creación de la prestación por desempleo para este grupo de trabajadores, sobre todo para aquellos denominados dependientes o falsos autónomos (aquellos que sólo trabajan para una empresa), que representan más del 30% del total de este grupo de trabajadores. La propuesta de ATA es que los autónomos pudieran cotizar, de forma voluntaria, por la misma cantidad que lo hacen los empresarios y trabajadores fijos del régimen general. Así, cotizarían un 7,55% de su base reguladora, durante tres años como mínimo, para poder cobrar un año de paro.

Finalmente, los representantes de los autónomos se fijan como objetivo futuro conseguir su equiparación a los trabajadores del régimen general en materia de jubilación anticipada, a la que no tienen acceso en las mismas condiciones estos trabajadores. 'La expulsión forzosa de los mayores del mercado de trabajo nos afecta como a los que más', se quejan también los autónomos'.