La Audiencia imputa a Botín y Amusátegui por un presunto delito societario
La Audiencia Nacional admitió a trámite, a principios de noviembre, la querella presentada por Juan Francisco Franco Otegui, en la que atribuye a Botín y a Amusátegui la comisión de un delito societario, cuyas penas oscilan entre seis meses y cuatro años de prisión, o bien de un delito de estafa, penado con entre uno y seis años de cárcel.
La juez Palacios tomará declaración a Botín y Amusátegui y les informará de la querella admitida contra ellos "en perjuicio de los accionistas", según reza el texto de la demanda. La declaración de ambos, podría producirse después de las Navidades, aunque todavía la juez no ha dictado el auto de imputación correspondiente.
La querella señala que "el señor Botín ha facilitado al señor Amusátegui la disposición de una astronómica cantidad en perjuicio del banco, para que le deje el campo libre, mientras los accionistas de la entidad pierden en bolsa los ahorros de toda una vida".
A juicio del demandante, que actúa en calidad de accionista del SCH, la "guerra de poder" entre Botín y Amusátegui se saldó con la salida de este último del banco, a costa del dinero de todos los accionistas del banco.
El demandante reclama que "la cantidad percibida por Amusátegui carece de todo soporte legal y es una mera disposición fraudulenta de los fondos del banco, con claro perjuicio de sus accionistas y en beneficio exclusivo de éste y de Botín", ya que "no hay ningún motivo que pueda generar el devengo de tan desorbitada suma".
Recuerda también que "los estatutos sociales del banco no contemplan la existencia de una indemnización a favor de los administradores para el caso de que éstos sean removidos sin causa justa".
Amusátegui anunció en agosto del año pasado su dimisión del banco, cuando su salida debía producirse en marzo de este año, según el acuerdo alcanzado en los pactos de fusión del Santander con el BCH.