Un caso con más de 5.000 reclamaciones
Las más de 5.000 reclamaciones de afectados por la catástrofe del 'Prestige' presentadas hasta ahora ha disparado el trabajo en el reducido colectivo de abogados especializados en derecho marítimo
El trabajo en los bufetes españoles especializados en derecho marítimo se ha multiplicado. En este colectivo se integran un reducido grupo de abogados que ha actuado en casi todos los incidentes marítimos producidos en la costa española o que han sido protagonizados por barcos con pabellón español. Apellidos como Ruíz Soroa, Meana Green, o Alcántara, entre otros, aparecen como defensores de alguna de las partes en casos de esta naturaleza, caracterizados por un buen número de afectados y por su prolongación en el tiempo.
A este proceso le calculan desembolsos millonarios con un límite máximo de 175 millones de euros. De esta cuantía, 25 millones serían aportados por los aseguradores del capital, del armador y del Club de Protección de Indemnizaciones (en este caso el London P&I) por las responsabilidades civiles que se pudieran derivar. El resto hasta completar los 175 millones de euros corresponderían a los fondos internacionales (IOPC y Fidac) financiados por los Estados de casi todo el mundo y las petroleras. Estos fondos son los que quiere ampliar la Unión Europea hasta 1.000 millones, al igual que en Estados Unidos, y se pretende solicitar un esfuerzo económico extraordinario a las compañías petroleras.
Sumarse a la lista
Según aseguran fuentes del sector, la lista de damnificados puede resultar interminable y la cuantía a pagar podría superar ampliamente los 1.000 millones de euros. A ella se pueden adherir todos aquellos que acrediten haber sufrido pérdidas económicas provocadas por el vertido de fuel del Prestige, los lucros cesantes, es decir el dinero que se ha dejado de ganar, y otros afectados (Estado, comunidades, etcétera) que han sufrido el daño ecológico. Estos últimos corren el riesgo de no cobrar si no se cuantifica debidamente el suministro.
Pero en el capítulo de damnificados también se encuentran, según el derecho marítimo, el armador griego del barco por la perdida del buque y el propietario de la carga (Crow Resources) que se ha perdido. También están las compañías que intentaron salvar el petrolero (Remolcanosa, con la que el Estado ha iniciado un pleito por su actuación en este caso, y la holandesa Smit).
Al parecer los primeros pleitos civiles con petición de medidas cautelares ya están en marcha, pero curiosamente se han producido fuera de España. El asegurador de la carga, valorada en siete millones de dólares, ha solicitado el embargo del seguro del casco, tasado en 8,5 millones de dólares, en un litigio que se dirime en Londres.
En España, de momento, el principal procedimiento abierto es el penal y en él está implicado el capitán del barco acusado, entre otras cuestiones, de delito ecológico, y el armador como responsable civil subsidiario. Según la legislación española los mecanismos abiertos por la vía civil se paralizan hasta que no se resuelva el penal, aunque no afecta a las medidas cautelares.
Con este panorama, los despachos de marítimo se han puesto las pilas. En este corto listado se encuentran, entre otros, José María Ruíz Soroa, con experiencia en catástrofes como las del Aeegen Sea, Urquiola y Vakis Tsakiroglou que defiende al armador, al capitán y al London P&I. Fernando Meana (el Aeegen Sea, es uno de sus muchos casos) vigila por los intereses del Fidac. Ramón Sabin, también con experiencia en la causa del Aeegn Sea, es el abogado de los pescadores de la Costa da Morte, José Luis Ortiz Capetillo (Castillo de Montearagón) defiende a la holandesa Smit y el bufete de Garrigues a Remolcanosa. Alcántara (Castillo de Sales y Castillo de Belver) y Goñi, (Aragón) también están en la lista. Y entre todos ellos, Antonio Vázquez, el abogado del Estado que representa a la Administración.