IPC, cuatro años perdidos
El IPC siguió anclado en la cota del 4% en noviembre (3,9%), casi el doble de la previsión del Gobierno para todo el ejercicio, y con un diferencial de inflación con la unión monetaria europea de 1,7 puntos, de los más altos de los últimos años, y muy alejado del 0,5% que el Ejecutivo consideraba razonable para justificar un crecimiento económico más alto en España. La bajada de las tarifas telefónicas y el respiro dado por los precios de los carburantes no han servido de mucho el mes pasado. No ha evitado que la tasa mensual suba dos décimas, empuje la inflación acumulada en el año al 3,7% y la interanual siga en el 3,9%. El único alivio lo ha dado la inflación subyacente (que excluye los alimentos frescos y energía), que ha descendido una décima, hasta el 3,6%.
Lo cierto es que éste será el cuarto año consecutivo en el que el Gobierno no logra cumplir la previsión de incremento de precios establecida en su cuadro macroeconómico. Desde 1998, cuando el índice de precios descendió hasta el 1,4% por el efecto encadenado de bajos costes con una expectativa de práctica desaparición de las tensiones inflacionistas tras la decisión firme de entrar en la zona euro, el Ejecutivo no ha sido capaz de sujetar la inflación, cada vez más desbocada.
Esta desafortunada evolución, además de haber costado año tras año importantes cantidades de dinero público -este año, 2.071 millones de euros para compensar a los pensionistas por la desviación sobre el objetivo oficial-, ha sembrado entre los agentes económicos y sociales la desconfianza sobre el control de precios. Pese a la consistencia de la moderación salarial, un activo básico del sistema productivo español, los costes finales de los bienes y servicios no encuentran freno, estimulados por una demanda animosa, el efecto perverso del redondeo del euro y el estrafalario abuso de algunos sectores empresariales que han creído que nunca llegaría la crisis. De ahí que rúbricas como vestido y calzado, o turismo y bares, aporten casi una tercera parte de toda la inflación acumulada en el año.
La Administración ha logrado que la alargada sombra de la recesión europea y estadounidense no llegue más que de soslayo. Crecimiento, ingresos públicos, empleo, etcétera, mantienen cierto vigor. Pero con la gravedad de una inflación descontrolada, el Gobierno únicamente ha hecho llegar a la opinión pública su preocupación, pero no si dispone de medidas para combatirla. No cabe esperar mucho de otros frentes. El BCE tiene más en cuenta la parálisis de Alemania que el crecimiento de países como España o Irlanda. Por tanto, el Gobierno debería insistir más allá del adoctrinamiento en soluciones a las subidas de precios en sectores en los que la competencia es imperfecta o inexistente. De no poner manos a la obra de inmediato, los cuatro años de acumulación de diferenciales con la zona euro puede ampliarse. Eso significa que, cuando llegue la recuperación de los socios europeos, España puede tener una competitividad tan deteriorada que sólo se pueda recomponer con reducción de costes o pérdida de empleo.