Bochorno fiscal en la UE
La Unión Europea ha fracasado de nuevo esta semana en su enésimo intento de aprobar la directiva sobre fiscalidad del ahorro. Y lo ha hecho ofreciendo un bochornoso espectáculo de impotencia y parálisis. Se han desperdiciado ya cinco años de debates y papeleo durante los cuales la beneficiosa libertad de movimiento de capitales ha producido el efecto perverso de incrementar la posibilidad de evadir impuestos. La Unión no puede seguir admitiendo lagunas legales que permitan a los ciudadanos obtener ingresos en un país para depositarlos en otro a salvo de la Hacienda pública. Los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio pueden ser impopulares, pero son un fundamento de justicia social, imprescindible para humanizar la economía de mercado e introducir un rasero de igualdad y reparto de la riqueza. La Europa de la moneda única no debe tolerar paraísos fiscales en su seno, como Luxemburgo, ni tampoco que países con fuertes vínculos comerciales con los Quince, como Suiza, se aprovechen de su estratégica posición para atraer el ahorro de los ciudadanos europeos con señuelos como el secreto bancario, la inmunidad y la opacidad ante las autoridades comunitarias.
La directiva europea sobre fiscalidad del ahorro aspira a corregir esta situación, al establecer que cada país informará sobre los depósitos que allí mantengan los ciudadanos residentes en otro Estado. Es neutral desde el punto de vista fiscal, porque cada ciudadano pagará impuestos en función de las normas de su país y, por tanto, en función de los servicios y prestaciones sociales que recibe de su Estado. Luxemburgo, prácticamente en solitario, aunque con el apoyo inicial de Austria y Bélgica, ha bloqueado de nuevo el texto legal que debería entrar en vigor el 1 de enero de 2004. El Gran Ducado afirma que la directiva pone en peligro todo su sector financiero y provocará una hemorragia de las inversiones europeas hacia Suiza.
Tras la introducción física del euro, los Quince demostraron agilidad y realismo político al conceder seis meses al sector bancario para eliminar las comisiones por retirada de efectivo en los cajeros automáticos de otro país. La patronal bancaria europea alertó sobre las pérdidas millonarias que causaría la medida. La misma patronal pide ahora que no se aplique la directiva de fiscalidad al menos hasta 2005, por los costes administrativos que supondrá.
¿Está protegiendo alguien en secreto el secreto bancario? En temas de fiscalidad, es cierto, todos los países de la Unión Europea disponen de derecho de veto. Pero comienza a sorprender que Luxemburgo, con 400.000 habitantes, pueda impedir así un avance fundamental para los 375 millones de ciudadanos que hoy forman la Unión. En las negociaciones comunitarias, no pocas veces los países que mantienen reservas en cuanto a un texto legal se esconden tras la postura numantina de los más afectados. Cabe preguntarse qué ocurriría si Luxemburgo levantara el veto.