El BIS afirma que Argentina debe ser sancionada en caso de impago
A sólo dos días de que venza definitivamente el pago de un compromiso de Argentina con el Banco Mundial, Buenos Aires seguía ayer cavilando sobre si debía o no hacer frente a esa obligación. El Banco de Pagos Internacionales (BIS, en sus siglas en inglés) ha advertido al Banco Mundial que la indecisión a la hora de aplicar sanciones contra Argentina daña todas las emisiones avaladas por la entidad multilateral.
El pago ascendía inicialmente a 805 millones de dólares (una cantidad similar en euros) y el plazo límite era el 14 de octubre. Llegada la fecha, Buenos Aires decidió pagar sólo 77 millones en concepto de intereses y redujo la obligación a 728 millones de dólares. El Banco Mundial decidió aplazar el vencimiento otro mes. Cumplida la fecha, el banco multilateral otorgó otro plazo de un mes, antes de declarar la suspensión de pagos técnica del Gobierno argentina y paralizar desembolsos por más de 2.000 millones de dólares.
Argentina se niega a pagar sin acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI). 'Si Argentina pagara todos sus vencimientos de aquí a mayo sin lograr el acuerdo, agotaríamos todas las reservas que nuestro país tiene que ascienden a unos 10.000 millones de dólares y, por supuesto, este Gobierno no está dispuesto a hacer eso', declaró ayer el jefe del Gabinete de Ministros, Alfredo Atanasof. El dirigente anunció que la decisión sobre el Banco Mundial era inminente. 'El reciente fracaso de Argentina para cumplir sus obligaciones con el Banco Mundial y la ausencia de las sanciones correspondientes por parte de la entidad ha repercutido en el mercado internacional de la deuda', advirtió el BIS en su informe trimestral. La entidad constata que 'los intereses que tienen que ofrecer otras emisiones avaladas por el Banco Mundial se han incrementado, como, por ejemplo, en Colombia'. Las repercusiones se han extendido en forma de suspensión de subastas, como se ha visto forzado a hacer el Gobierno peruano.
A los problemas que Argentina arrastra con los organismos multilaterales, se une ahora la advertencia de las empresas eléctricas de crisis energética. Las eléctricas quieren que las tarifas, depreciadas tras la devaluación del peso, sean ajustadas. El Gobierno acaba de aprobar un aumento de las tarifas de las distribuidoras del 9% al 11%, pero un juez ha paralizado la decisión en Buenos Aires y se espera que se haga extensiva la decisión ha todo el país.