El obispo acusa a Castillejo de pactar con el PP por 'intereses personales'
La ruptura formal entre la Iglesia y Miguel Castillejo llegó ayer con un durísimo comunicado en el que el obispo de Córdoba tilda de 'escandalosa' la presidencia de Castillejo, incluida la famosa póliza que blinda la jubilación del sacerdote. Javier Martínez, que fue expresamente desobedecido por Castillejo al aprobar la adhesión de Cajasur a la Ley Financiera a las pocas horas de entrar en vigor la norma, fue ayer mucho más claro y contundente en su órdenes.
Tras denunciar los 'intereses personales' que en su opinión mueven al presidente de la caja cordobesa, el obispo emplazó a los canónigos que representan a la Iglesia en Cajasur a que den marcha atrás y aprovechen la próxima asamblea del día 28 para restablecer la tutela de la Junta sobre la entidad. A partir de ese momento, propone la apertura de un diálogo institucional con la participación del Gobierno, la Junta y el cabildo, y la creación de una comisión que estudie la 'distribución competencial' de la caja. También reclama una norma canónica por la que queden protegidos los derechos de la Iglesia, pero donde 'se modifique su presencia'.
En su desautorización de Castillejo, Martínez critica que Cajasur tome decisiones ignorando su parecer y censura que Castillejo haya identificado a la entidad y a la Iglesia con un determinado partido político, en alusión la PP. En este sentido, denuncia que el presidente de la caja ha abrazado tan precipitadamente la Ley Financiera, que le quita la tutela a la Junta y se la da al Gobierno, por intereses personales y políticos y gracias a un pacto con el PP que ha arrastrado a la Iglesia.
El obispo, que aboga por terminar con el enfrentamiento con la Junta por el daño que causa a la imagen de la Iglesia, llega a decir que la Ley Financiera es un 'texto redactado ad hoc mediante pactos del presidente de Cajasur con un partido político para soslayar un ámbito competencial considerado hostil'.
Por otra parte, la Junta de Andalucía dio ayer un nuevo paso en la batalla legal que libra para retener el control de Cajasur, presentando una demanda civil contra la decisión de acogerse a la Ley Financiera que tomó el consejo de administración el pasado día 25. Esta determinación, que deja a la caja cordobesa bajo tutela estatal por estar fundada por la Iglesia, ya fue impugnada por la Diputación de Córdoba, que es cofundadora de Cajasur y que pierde ahora esta condición con los nuevos estatutos.
El Gobierno andaluz, según un comunicado, considera que se trató de un acuerdo 'nulo adoptado por un órgano incompetente' para ello, ya que, según la Junta, debe ser la asamblea y no el consejo el órgano que decida si Cajasur debe estar bajo supervisión autonómica o estatal. La asamblea de la entidad, dominada por el sacerdote Miguel Castillejo al igual que el consejo, debe ratificar el día 28 esta adhesión a la ley estatal. La Junta, como recoge en la demanda presentada ante el decanato de los juzgados de Córdoba, critica la celeridad con la que se convocó y celebró el consejo, en contra de los plazos que fijan los estatutos. Por todo ello, el Gobierno andaluz pide la suspensión cautelar de la decisión del consejo. Cajasur decidió acogerse a la Ley Financiera a las pocas horas de entrar en vigor la norma y antes de que la Junta aprobará un decreto en el que fijaba que este tipo de decisiones deben adoptarse con el consentimiento de todas las entidades fundadoras, en alusión a la Diputación de Córdoba (PSOE). Según el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, la demanda 'persigue únicamente el restablecimiento de la legalidad'.
Pero la lucha entre la Junta y Cajasur vivió ayer otro capítulo, al reclamar la entidad la nulidad del expediente que abrió la Administración andaluza por considerar ilegal la póliza de vida del presidente Castillejo. La caja entiende que la suspensión que mantiene el Constitucional sobre la ley andaluza de cajas también afecta al artículo de ésta que prohíbe la indemnización por cese de los presidentes ejecutivos de las cajas.